Editorial

Infringir la competencia debe salir caro

El límite de las multas a los directivos –60.000 euros– no resulta disuasorio

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.
José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.

La revisión de la normativa española sobre competencia, que cumple ya diez años, constituye una buena oportunidad para perfeccionar un texto que cuenta con algunos aspectos que es conveniente reforzar. La década transcurrida desde que la ley se promulgó ha sido escenario de varios cambios regulatorios, entre ellos la creación en 2013 del organismo supervisor encargado de controlar el cumplimiento de la norma. Durante ese periodo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones por un valor total de 1.053 millones de euros, una cifra en la que se incluyen ya las multas anunciadas para 2017.

Uno de los objetivos de la futura reforma, de momento en fase de consulta pública, es aclarar y reforzar el sistema sancionador que prevé el reglamento de la ley, así como endurecer las multas que el texto actual prevé para los directivos responsables de prácticas contrarias a la competencia. La ley actual fue la primera que incluyó una sanción no solo para las compañías infractoras, sino también para sus responsables, tal y como prevén otros ordenamientos jurídicos europeos. Esas multas, en vigor desde 2007, no han comenzado a aplicarse hasta el año pasado, cuando tres resoluciones de la CNMC sancionaron a 15 ejecutivos por un total de 147.150 euros. Sin embargo, el límite del régimen sancionador para los directivos –60.000 euros– resulta excesivamente laxo para unas conductas cuyo potencial de obtención de beneficios ilícitos es lo suficientemente alto como para que la multa a pagar por ellas salga barata. Consciente de ese talón de Aquiles, uno de los aspectos que la CNMC quiere incluir en la reforma es el endurecimiento del régimen sancionador para las personas físicas.

Un examen en detalle de las multas impuestas a lo largo de esta década permite extraer dos conclusiones. Por un lado, la solidez de un organismo que ha detectado y castigado conductas monopolísticas y acuerdos de imposición de precios en un buen número de sectores importantes de la economía española. Así ha ocurrido con los concesionarios de automóviles (170 millones de sanción), fabricantes de pañales para adultos (130 millones), seguros (120 millones) o basuras (98), entre otros. Por otro, la necesidad de asegurar que la reforma que el Gobierno quiere llevar a cabo en la CNMC –que supondría dividir el organismo en un supervisor de la regulación de los mercados y una autoridad de defensa de la competencia– sea una oportunidad para fortalecer los medios y herramientas de esta última, con el fin de que siga realizando una labor de vigilancia exhaustiva. La CNMC ha realizado un cálculo de la factura que ha ahorrado a los consumidores españoles con su labor antimonopolio: 2.064 millones de euros desde 2013. Se trata de una cantidad lo suficientemente importante como para pensar bien y diseñar con la máxima eficacia esa reforma.

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