La CEOE pide a Bruselas que apoye a Gas Natural ante Colombia
Una expropiación tendría “devastadoras consecuencia para las inversiones europeas en todo el planeta”, dice la patronal.
El conflicto por la posible expropiación de Electricaribe, filial colombiana de Gas Natural Fenosa, ha llegado a Bruselas y amenaza con enturbiar gravemente la relación entre la UE y el Gobierno de Juan Manuel Santos. La patronal CEOE ha pedido por escrito a la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, que defienda a la energética española ante las autoridades de Bogotá para evitar “un precedente que podría desencadenar devastadoras consecuencias para las inversiones europeas en todo el planeta”, señala la carta a la que ha tenido acceso CincoDías.
La distribuidora caribeña fue intervenida el pasado noviembre, tras la decisión de Gas Natural de frenar las inversiones ante los impagos de casi 1.200 millones que sufre en la zona. En enero, la intervención se prorrogó dos meses, plazo que finaliza el próximo 14 de marzo. Las partes han redoblado los contactos con el Gobierno de Santos (un equipo de Gas Natural los ha mantenido semanalmente) ante el inminente fin de la prórroga. Aunque en principio no está previsto otro aplazamiento, “no se puede descartar nada”. Llegados a ese punto, solo cabe un acuerdo con Gas Natural, que exige a Colombia seguridad jurídica y control del fraude, o la expropiación. En este caso, Gas Natural instaría un arbitraje internacional ante el Ciadi, del Banco Mundial.
La queja de la CEOE coincide con la creciente preocupación de Bruselas por la nueva oleada de proteccionismo que, alentada desde Washington, amenaza la seguridad de las inversiones europeas. “Nuestra organización teme que la acción actual del gobierno colombiano pudiera ser ilegal y convertirse en la primera señal de tal proteccionismo”, señala.
Bruselas dispone de un enorme potencial de presión sobre Colombia en un momento en que las instituciones europeas, a través del Banco Europeo de Inversión, están volcadas con el país para ayudar a impulsar el proceso de paz auspiciado por Santos. En las últimas horas se ha anunciado una reunión el lunes en Bogotá en la que las autoridades colombianas y los ejecutivos de GFN intentarán alcanzar un acuerdo.
La petición de ayuda a Bruselas, fechada el 1 de marzo y firmada por el presidente de la CEOE, Juan Rosell (por cierto, hasta el pasado septiembre consejero de Repsol, con un 20% del capital de Gas Natural) llega tras semanas de infructuosas negociaciones para buscar una salida negociada al conflicto por Electricaribe.
Rosell señala a Malmström que “existe un pequeño margen de que las autoridades colombianas se comprometan a encontrar un acuerdo satisfactorio para ambas partes”. Y le pide a la comisaria “que plantee el asunto a su homólogo colombiano durante las próximas dos semanas [1-14 de marzo] para urgirle a trabajar urgentemente en favor de una solución”. La compañía que preside Isidro Fainé pide al Colombia “garantías de seguridad jurídca, castigo al robo de energía y persecución del fraude y la morosidad”, mucha de la cual corresponde a organismos públicos. “El Superintendente reconoce que el problema no se debe a nuestra gestión, sino a los impagos y el fraude”, según la compañía.
Difícil solución para una zona de extrema pobreza
Todas las partes coinciden al señalar que una solución al conflicto que libran Gas Natural y el Gobierno de Colombia a cuenta de la filial caribeña del grupo español es altamente complicada. Dada la morosidad “crónica” de una de las regiones más deprimidas del país, no resulta factible que el Gobierno de Juan Manuel Santos vaya a asumir las facturas impagadas o que la energética que preside Isidro Fainé esté dispuesta a seguir asumiento pérdidas que, además le impiden realizar las inversiones necesarias para renovar un arcaico sistema de redes eléctricas.
En contra del mecanismo español, donde el organismo supervisor (la CNMC) recauda los ingresos del sistema y después paga a los agentes con actividades reguladas, en Colombia, la distribuidora es la responsable de cobrar las facturas a los usuarios y pagar después a las transportistas y generadoras (estas son las únicas que tienen derecho a cortar el suministro), aunque no hayan cobrado.
El pasado 12 de julio, Gas Natural notificó ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi), la existencia de una controversias en el acuerdo bilateral de protección de inversiones entre España y Colombia. Se trató del paso pevio a un arbitraje y con el que se abría un periodo de negociación para lograr un acuerdo amistoso.
Gas Natural tiene un 85% de Electricaribe, que tiene el otro 15% en manos públicas. La distribuidora cuenta con 2,5 millones de clientes en una zona con una tasa de pobreza superior a la media del país: un 35% frente a un 29%. Gas Natural ha denunciado la impunidad de los fraudes y la morosidad, una parte de la cual corresponde a organismos públicos. del sector”. En el periodo de intervención el Gobierno ha cortado el suministro a algunos de ellos.
