Gas Natural busca con Colombia una salida a la crisis de su filial caribeña

Activó en julio el paso previo a un arbitraje internacional por los impagos de 1.100 millones que sufre Electricaribe

Gas Natural Fenosa se encuentra en pleno proceso de negociación con el Gobierno colombiano para encontrar una solución al conflicto abierto en torno a su filial Electricaribe después de que el grupo español notificara el 12 de julio la existencia de una controversias en el acuerdo bilateral de protección de inversiones entre España y Colombia. Se trata del paso previo a una demanda de arbitraje ante el Ciadi, el tribunal internacional del Banco Mundial, que Gas Natural presentará si en el plazo de seis meses no logra un acuerdo amistoso.

El conflicto, que viene de lejos, se había recrudecido en los últimos meses ante la negativa de Electricaribe, distribuidora y comercializadora de la costa del Caribe, de abordar las inversiones reglamentarias ante la imposibilidad de facturar por este servicio en una zona con morosidad “crónica” que ha llevado a la filial de Gas Natural a acumular una deuda por impago o fraude de 1.100 millones de euros.

La falta de calidad en el suministro y de inversiones en la red eléctrica, que Gas Natural admite y que justifica como medio de evitar que la deuda le engorde aún más (quizás también para forzar un acuerdo con el Gobierno de Juan Manuel Santos), llevó al supervisor sectorial del país ha imponer varias multas a la filial de Gas Natural y a investigar el desarrollo de decenas de proyectos de electrificación. Las inversiones se han reducido a la mitad (40 millones).

Aunque no han faltado amenazas de intervención, fuentes próximas a la energética que dirige Rafael Villaseca dudan de que la solución para el Gobierno colombiano sea la expropiación sin haber resuelto el problema de la morosidad y la deuda. Las mismas fuentes añaden que existe un riesgo de default, esto es que la distribuidora, que actúa de recaudadora entre el cliente y las generadoras, opte por no pagar a estas productoras de electricidad.

Tras su privatización en 1998 y después de un corto periodo en manos de capital estadounidense y venezolano, Electricaribe fue adquirida en 2000 por Unión Fenosa que, a su vez, pasó a manos de Gas Natural en 2009. Esta tiene un 85% de su capital y el 15% restante sigue en manos públicas.

La distribuidora colombiana cuenta con 2,5 millones de clientes en una zona con una tasa de pobreza superior a la media del país: un 35% frente a un 29%. De ese porcentaje, un 46% no tiene satisfechas sus necesidades básicas y un 82% está en situación “de bajo desarrollo”, según datos oficiales. La deuda de la compañía, generada pese a los subsidios del Gobierno, corresponde a 400.000 clientes, de los cuales, un 80% está en situación de pobreza extrema.

Aunque la ley local prohíbe los cortes de suministro, estos se sitúan en un amedia del 1% (un porcentaje elevado para un servicio esencial). Gas Natural ha denunciado la impunidad de los fraudes y la morosidad, una parte de la cual corresponde a organismos públicos.

De la deuda de 1.100 millones, dos tercios los ha provisionado la propia Electricaribe con su beneficio, por lo que el grupo español dice no tener “problemas de solvencia ni balance”. La filial genera un ebitda de más de 200 millones y nunca ha repartido dividendo.

400.000 clientes en situación de extrema pobreza

En los últimos 10 años, la población de la costa colombiana ha experimentado un fuerte crecimiento. Se trata, según fuentes próximas a Gas Natural, de personas de muy bajos recursos procedentes de las zonas de conflicto, con los que se ha agravado la morosidad eléctrica. Además de no pagar, las mismas fuentes denuncian que los tribunales respaldan estas prácticas:de 12.428 denuncias presentadas por Electricaribe, solo ha habido 84 condenas.

A esta situación se ha unido la crisis de los precios del petróleo y las comodities, que ha limitado el presupuesto del Gobierno, que, además, en los últimos meses, ha concentrado sus esfuerzos en la negociación de proceso de paz. El pasado julio el propio presidente Santos, reconocía en Barranquilla (sede de la distribuidora) la necesidad de buscar una alternativa con las entidades locales y regionales, que tienen una deuda de 150.000 millones de pesos con la empresa” y que el Gobierno “les va a facilitar la forma y el poder de pagar esa deuda, que tienen 400.000 habitantes”.

Gas Natural ha pedido un marco regulatorio que impida el fraude y permita cobrar las facturas para abordar las inversiones y capitalizar la compañía;actuaciones policiales contra el fraude y que el Gobierno determine cuál es la población que necesita ayudas y estas las asuma el Estado o el conjunto de las compañías del sector”. En Gas Natural confían en lograr un acuerdo con Colombia a medida que se acerque la fecha para formalizar la demanda arbitral ante el Ciadi (en enero). Y aunque ve improbable una expropiación, de ser así, reclamará un justiprecio por el valor de los bienes físicos y las inversiones realizadas en Colombia. GNF tiene una distribuidora del gas en Bogotá con la que dice no tener problemas.