Las pymes todavía soportan las tasas judiciales

A pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional y del mandato unánime del Congreso de los Diputados aún no se han suprimido las tasas judiciales a las pymes

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El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha solicitado al Gobierno que suprima las tasas judiciales a las pymes, tal y como se acordó por unanimidad hace tres meses en el Congreso de los Diputados. El mandato unánime de la Cámara Baja también eximía del pago de las tasas a las entidades sin fines lucrativos y a las comunidades de propietarios.

Según informa Europa Press, el pasado 18 de octubre la Comisión de Justicia aprobó por unanimidad un texto sobre la modificación del régimen de tasas judiciales que aprobó el Gobierno cuando Alberto Ruiz Gallardón era Ministro de Justicia. Sin embargo, a pesar de la sentencia contraria del Tribunal Constitucional y de la rectificación del Gobierno del PP dicho régimen todavía se mantiene.

La Comisión de Justicia pidió entonces al Ejecutivo que modificase, en un plazo de tres meses, el artículo por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Transcurrido ese plazo, Ciudadanos ha preguntado por escrito al Gobierno si piensa "cumplir el mandato unánime del Congreso de los Diputados y suprimir las tasas judiciales a las pymes y las ONG". Y si es así, preguntan cuándo lo hará y si se están haciendo las modificaciones oportunas en los Presupuestos Generales del Estado.

La modificación de la Ley afecta a las sociedades mercantiles cuya cifra de negocio sea inferior al millón de euros y a las entidades sin fines lucrativos y organizaciones no gubernamentales cuyo objeto fundamental sea la defensa y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social o a la sostenibilidad, protección y regeneración del medio ambiente.

PSOE y Ciudadanos ya presentaron sendas proposiciones de ley para llevar a cabo la reforma y suprimir las tasas judiciales para las pymes, pero su tramitación fue vetada por el Gobierno, alegando que suponía una merma importante de los ingresos y, por tanto, afectaba al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo debe llevar al Congreso de los Diputados.

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