El Tribunal Constitucional anula las tasas judiciales a pymes

El Gobierno derogó las tasas judiciales para las personas físicas en febrero de 2015, pero las mantuvo para las pymes

El Tribunal Constitucional anula las tasas judiciales a pymes

El Tribunal Constitucional ha declarado nulas las tasas judiciales impuestas a las pymes por el anterior Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en una ley aprobada en 2012. El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su satisfacción por la sentencia de derogación de una ley que consideraban inconstitucional, injusta y desproporcionada.

La ley impulsada por Gallardón tuvo un rechazo contundente por parte de la sociedad al violar el derecho de ciudadanos y pymes a acceder a la justicia y a obtener la tutela judicial efectiva que otorga el artículo 24 de la Constitución Española.

Según la Presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, con esta sentencia se repara una injusticia que impedía o dificultaba a las pequeñas y medianas empresas a acudir a los Tribunales y, con ello, se contribuye a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

La Abogacía Española y la plataforma “Justicia para Todos” han liderado durante más de tres años las protestas de los colectivos jurídicos y de la sociedad en general por la imposición de unas tasas, que ahora el Tribunal Constitucional ha declarado excesivas y desproporcionadas.

Para lograr la sentencia, se presentaron cinco recursos de inconstitucionalidad respaldados por la Abogacía Institucional e impulsados por el PSOE y los Gobiernos de Andalucía, Aragón, Cataluña y Canarias. Además, se plantearon numerosas cuestiones de inconstitucionalidad en los juzgados de lo social, de primera instancia y de la Audiencia Nacional. Por su parte, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estableció, en un acuerdo de Pleno no jurisdiccional, la no exigencia de las tasas a los trabajadores.

Sin embargo, la Abogacía lamenta que no se proceda a la devolución de las tasas cobradas durante la vigencia de la ley, ya que consideran que el dinero recaudado no ha servido para mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita, en contra de lo prometido por el Gobierno cuando se aprobó la ley.

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