Editorial

Una fiscalidad autonómica clara y eficiente

Los contribuyentes españoles tienen una mayor o menor factura en función del lugar en el que tributan

La sesión constitutiva de la comisión de expertos encargada de revisar el modelo de financiación autonómica.
La sesión constitutiva de la comisión de expertos encargada de revisar el modelo de financiación autonómica.

La maraña fiscal en la que se mueven particulares y empresas en España no es una novedad, sino más bien un problema con rasgos casi crónicos. Pese a los reiterados llamamientos para abordar una simplificación de la legislación, el acervo tributario español sigue siendo un bosque espeso que exige de una buena brújula (o de un hábil asesor fiscal) para avanzar sin tropiezos ni desventajas. Un ejemplo de ello son las 195 deducciones que las comunidades autónomas mantienen en el IRPF, la mayor parte de las cuales son bonificaciones de escasa cuantía. Los expertos no solo advierten de que muchas de esas deducciones benefician a un número muy reducido de contribuyentes, sino también de la “teatralidad” que subyace a algunos cambios normativos autonómicos en materia fiscal.

A todo ello hay que sumar las diferencias en el tratamiento tributario que otorgan cada una de las autonomías a los sueldos, las herencias o el patrimonio. Esas diferencias se explican por distintos motivos. En el caso de la tributación de las rentas del trabajo, Cataluña es la comunidad que exige un mayor esfuerzo a las rentas bajas, dado que es la única que no ha ajustado su fiscalidad a los cambios impulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Mientras que Madrid es la autonomía con menor presión fiscal sobre el trabajo, Extremadura y Valencia son las que más gravan las rentas medias-altas y altas. Algo similar ocurre tanto en la tributación sobre donaciones y sucesiones como en la del patrimonio. En esta última, solo Madrid ha decidido bonificar totalmente el impuesto.

A efectos fiscales, la realidad es que los contribuyentes españoles tienen una mayor o menor factura en función del lugar en el que tributan. Hasta el punto de que en algunos casos, como en el del impuesto sobre el patrimonio, las diferencias pueden llegar a incentivar cambios de domicilio. En otros, como sucede en la tributación sobre sucesiones y donaciones, la propia legislación establece mecanismos para evitar las fugas de contribuyentes deseosos de huir de una fiscalidad excesivamente gravosa y buscar un poco de oxígeno.

La reforma del modelo de financiación autonómica, que ya está en marcha, pretende avanzar en la armonización de los tributos patrimoniales. Ello generará una tensión inevitable –Andalucía y Valencia ya acusan a Madrid de ejercer una suerte de dumping fiscal– pero permitirá clarificar y homogeneizar una legislación fiscal que discrimina al contribuyente en función del territorio.

Un sistema fiscal moderno debe ser eficiente, flexible, y equitativo, pero también sencillo. A fecha de hoy, el heterogéneo mapa fiscal autonómico no parece cumplir con esos requisitos, lo que hace pensar en la necesidad y en la urgencia de reformarlo.

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