Editorial

Una alternativa a la plusvalía

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, conocido vulgarmente como plusvalía municipal, es una de las fuentes de ingresos regulares más consistentes de los ayuntamientos españoles, por el que recaudaron en 2015, por ejemplo, nada menos que 2.623 millones de euros, una cantidad que prácticamente duplica la registrada en 2008. Pero la sentencia reciente del Tribunal Constitucional obliga a una revisión profunda de su diseño, puesto que ahora se aplica y se cobra sobre la plusvalía generada por el terreno, haya obtenido el propietario por la venta una ganancia patrimonial o una pérdida.

En primer lugar, se trata de una carga que fija una especie de doble imposición sobre el mismo hecho imponible, puesto que los particulares y las empresas ya abonan a la Hacienda nacional la plusvalía si se ha producido una ganancia patrimonial. Pero desde luego es de todo punto inexplicable que en una segunda ronda lo perciban los ayuntamientos incluso si hay pérdida. Lo lógico es eliminarlo, y buscar fuentes alternativas de financiación para los ayuntamientos, que ya ahora cargan la presión fiscal sobre la propiedad inmobiliaria con un impuesto anual recurrente y creciente como es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el único que genera ininterrumpidamente recursos crecientes a la caja.

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