Los transportistas reclaman 2.500 millones al cártel de camiones
Los 150.000 transportistas españoles que adquirieron los vehículos pueden ya demandar que se les compense por el sobreprecio que pagaron a causa del pacto de precios de cinco fabricantes.
A finales de marzo, como muy tarde, se conocerán los fundamentos jurídicos y económicos que sustentan la multa por cártel a cinco fabricantes europeos de camiones impuesta por la Comisión Europea el pasado mes de julio.
Con este informe en la mano, los transportistas comenzarán a presentar sus reclamaciones por el sobrecoste que tuvieron que pagar por sus camiones medios y pesados, de más de seis toneladas, a causa de este pacto de precios.
Los departamentos jurídicos ligados a este proceso estiman que las reclamaciones españolas podrían alcanzar cerca de 2.500 millones de euros solo por el sobreprecio, sin sumar los intereses de demora derivados, que podría elevar estas cantidades.
La Comisión Europea impuso a finales de julio de 2016 una multa de 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault y MAN. Durante 14 años, entre 1997 y 2011, las empresas crearon un cártel en el que acordaron aumentos de precios de sus productos y establecieron acuerdos para retrasar la introducción de las tecnologías anticontaminación para cumplir con las normativas europeas. Determinaron, de forma ilícita, los tiempos para la introducción de estas tecnologías y acordaron repercutir estos incrementos de gasto sobre los clientes.
Un estudio del bufete de abogados Martínez Almeida entiende que, según los datos del Ministerio de Fomento y las matriculaciones, los afectados en España ascenderían a unos 150.000 transportistas y empresas que han comprado alrededor de 200.000 camiones en esos 14 años de vigencia del cártel.
Tal y como explican desde el bufete, “los afectados por el comportamiento distorsivo de la competencia son todos aquellos que adquirieron, también por medio de leasing, camiones nuevos o de segunda mano de entre 6 y 16 toneladas, matriculados entre 1997 y 2011, con probable extensión hasta 2013”. Los abogados apuntan a que “según la doctrina económica, después del fin de un cártel los precios no vuelven de inmediato a un nivel competitivo, sino que tardan alrededor de dos años”.
Cuantía económica
La fijación de cuánto puede reclamar cada transportista “no es lineal ni automática”, afirman desde Martínez Almeida. Depende de lo que cada transportista pagó por su vehículo afectado. En principio, el despacho estima un sobrecoste de entre el 10% y el 20% sobre el precio del camión por el cártel. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) colocan este alza en un 10%.
La demanda se puede presentar ya aunque, como estiman tanto Martínez Almeida como Fenadismer, es preferible “esperar a conocer el contenido íntegro de la resolución”. “A partir de que se conozcan estos fundamentos, lo más aconsejable es preparar un informe pericial que determine las cantidades a indemnizar en cuestión en función de las circunstancias de cada caso”, apuntan los abogados.
La patronal ha creado una plataforma de afectados por el cártel de camiones para reunir a estos transportistas de cara a presentar una demanda colectiva contra los fabricantes de camiones afectados. “Estudiaremos primero la vía extrajudicial y la posibilidad de llegar a un acuerdo para cada fabricante y, en caso de que esta vía no sea posible, presentaremos la demanda”, señala Juan José Gil, secretario general de Fenadismer.
Gil es partidario de presentar una colectiva “por abaratamiento de los costes de la tasación de daños”. Han agrupado ya a 1.500 afectados y esperan continuar ampliando. Por su parte, desde el despacho de abogados se decantan más por las demandas individuales, pero sin intentar un acuerdo previo “por la situación de desequilibrio” entre las partes.
