Los camioneros amenazan con movilizarse contra la Euroviñeta

Las patronales advierten a Fomento y recurren el pago por uso en el País Vasco

Decenas de camiones bloquean el paso fronterizo de La Jonquera, en la autopista AP-7, durante una protesta en 2007EFE

Las miles de empresas españolas del camión vuelven a sentir en este inicio de legislatura la amenaza de la implantación de peajes, aunque sean más o menos blandos, en carreteras de alta capacidad hoy gratuitas. La tentación de las Administraciones es fuerte: las arcas públicas flaquean, Bruselas alienta hacia un mayor avance en las reformas, y el FMI apunta que España debería profundizar en la captación de ingresos por la vía de los impuestos verdes. Además, la directiva Euroviñeta permite gravar el uso de las autovías y está implantada en países como Reino Unido, Bélgica o Alemania.

En este contexto, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha pasado de las palabras a los hechos, a través de la Norma Foral 7/2016, de 15 de diciembre, para implantar a partir del 1 de diciembre una tarifa a los vehículos de más de 3,5 toneladas que circulen por distintos tramos de la A-15 y de la N-1. La respuesta de la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM) y otra decena de colectivos agrupados en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (NTC) será presentar un recursos que ya ultima el despacho Arca Consortium Abogados.

Los dos argumentos de la alegación, según ha podido saber CincoDías, son que el Estado, y no un Gobierno Foral, es quien tiene capacidad para trasponer la directiva, y que el peaje podría ser discriminatorio.

Fuentes jurídicas hablan de la fragilidad del primero de los puntos, al entenderse que podría aplicar la Euroviñeta cualquier ente o Administración titular de una carretera de alta capacidad que cumpla con las características que marca la directiva.

El reparto de la red

La red española de carreteras tiene 166.000 kilómetros, de los que 26.300 están gestionados por la Administración Central. Estas últimas albergan el 52% del tráfico total y el 63% del pesado. Las Comunidades Autónomas operan 71.300 kilómetros, con el 42% del tráfico. Y las Diputaciones tienen 68.350, con el 5,7%.

De toda la red, 17.000 kilómetros son vías de gran capacidad (12.000, de la Administración Central).

Mientras el recurso recorre su camino, la propia CETM advierte que “se adoptarán las medidas de movilización que se estimen necesarias para manifestar nuestra oposición frontal a los peajes”. La amenaza, en la que no se descartan las huelgas, tomaría cuerpo a partir de septiembre si no se tumba el intento vasco de cobrar a los camiones.

• Contacto con el Gobierno

El presidente de CETM, Ovidio de la Roza, ha mantenido ya una reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de la que saca la conclusión de que “ahora mismo” la aplicación de la Euroviñeta no está en la mesa del Consejo de Ministros: “Nos gustaría un compromiso en firme del ministro, como hizo su antecesora”, insisten desde el colectivo de transportistas, que ve el pago por uso “injusto” e “inflacionista”. Y es que los camioneros no están por la labor de absorber el nuevo coste, trasladando a la carga los nuevos peajes.

Otro de los temores del sector es que Fomento impulse el uso de autopistas de pago a los vehículos pesados con el argumento de descongestionar las autovías. En 2015 ya hubo un proyecto piloto del Ministerio, con descuentos del 50% a los camioneros que voluntariamente optaban por circular por los peajes. La sombra actual de duda es si el Gobierno obligará a tomar las autopistas: “No pasaremos por ahí”, advierten en CETM.

Sistema de pórticos frente a las barreras

Guipúzcoa tiene tradición en la regulación de gravámenes por la utilización de sus carreteras con el fin de sufragar los gastos de construcción, explotación y conservación. Cuenta con una normativa de carreteras, de junio de 2006, que en su título VII contempla el pago por uso, y hay distintas normas forales que lo regulan. La primera es de octubre de 2002 (7/2002); una segunda Norma Foral, de marzo de 2011 (1/2011), trasladaba la directiva 2006/38/CE del Parlamento Europeo, sobre peajes a vehículos pesados en determinadas infraestructuras, al derecho del Territorio Histórico de Guipúzcoa, y ahora la Diputación ha sacado adelante la Norma 7/2016, del pasado 15 de diciembre, para asentar el canon que será aplicado en tres tramos de las carreteras A-15 y N-1.

Además de estas dos autovías, la red guipuzcoana incluye las autopistas AP-8 y AP-1, y la GI-632. La Administración habla de ellas como “puntos estratégicos de conexión de la península ibérica con el resto de Europa”, lo que implica que “un alto porcentaje” de los tránsitos de camiones, y “significativo” de vehículos ligeros, “correspondan a trayectos de largo recorrido”.

El principio de “quien utiliza paga” se centrará exclusivamente a camiones de más de 3,5 toneladas, y no habrá barreras, optándose por el sistema de pórticos o free flow: “Al paso por cada uno de ellos se les imputará el importe correspondiente”.

La cuantía del canon se fijará en función del coste de infraestructura a recuperar, incluida la mejora de la red. Los tres tramos afectados son los diez kilómetros entre Andoain y Astigarraga de la Autopista A-15 Navarra-Guipúzcoa; los 2,2 kilómetros de la N-1 Madrid-Irún en la localidad de Andoain, y los 7,5 kilómetros de la N-1 entre Etxegárate e Idiazábal.