Rajoy ofrece al PNV cerrar Garoña si apoya los Presupuestos de 2018
El respaldo de vascos y canarios a las Cuentas de 2018 permitirían al Gobierno acabar la legislatura.
Una vez con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la reapertura de Santa María de Garoña en la mano, el Ministerio de Energía dispone de seis meses para tomar la decisión final. Demasiado tiempo si se tiene en cuenta que en 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero resolvió en un mes esa misma cuestión.
Por el momento, el ministerio ha abierto un plazo de alegaciones para empresas, instituciones y colectivos afectados y casi todos coinciden en señalar que cuanto más se demore la decisión, más clara estará la clausura de la central ubicada en la frontera entre Burgos y Álava. Fuentes políticas aseguran que el Gobierno está negociando con el PNV el cierre de la planta (una larga reivindicación de los nacionalistas vascos, especialmente, los alaveses) a cambio de su respaldo a los Presupuestos del Estado de 2018.
De esta manera, añaden las mismas fuentes, el PP evitaría la servidumbre del apoyo del PSOE, más aún teniendo en cuenta que las opciones en este partido están abiertas por su proceso de primarias. Con Ciudadanos (32 escaños), PNV (5), Coalición Canaria y Nova Canaria (uno cada uno), los populares (con 137) salvarían los Presupuestos de 2018 que, en el peor de los escenarios, tendrían que prorrogar en 2019, ya posible año electoral.
A las presiones de la opinión pública en el País Vasco contra Garoña, especialmente, políticas y sindicales, se atribuye la decisión del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, de anunciar el año pasado que no reabriría la planta bajo ningún concepto. Entre las presiones, figura la de la Diputación Foral de Álava, que ha amenazado con recurrir a los tribunales europeos si se reabre la central (otro tanto han hecho el PSE-EE de la provincia) y la de muchos ayuntamientos de la zon, que amenazaban con boicotear a esta compañía dejándola fuera de los contratos de suministro energético, según fuentes del sector.
Pese a todo, la eléctrica con sede en Bilbao (propietaria de Garoña al 50% con Endesa, a través de la sociedad Nuclenor) ha mantenido la solicitud ante el ministerio de reabrirla, eso sí, hasta los 60 años (2031). Aunque la última palabra la tendrán ambas empresas y estas no parecen dispuestas a ello (en ambos casos, porque no les compensa las inversiones derivadas de las exigencias de seguridad del CSN y los gravámenes a la producción y residuos nucleares), si el Ministerio de Energía opta por prorrogarle la licencia otros 14 años, las colocaría en una situación delicada. Nuclenor cerró Garoña en 2012 para evitar pagar los nuevos impuestos aprobados por el Gobierno, lo que le supuso una multa de 18 millones por parte de la antigua CNE.
Los nacionalistas vascos, que incluirán otras exigencias en el paquete negociador de los Presupuestos del próximo año, se podrían apuntar el tanto de haber logrado el carpetazo definitivo a la vieja central burgalesa, que cumplió los 40 años en 2011. Por su parte, el Gobierno, que ya no tiene mayor interés por ella, se librará “de quedar en ridículo” si autoriza su prórroga y las empresas deciden cerrarla, opinan fuentes políticas. En cualquier caso, la decisión final la adoptará el propio presidente, Mariano Rajoy.
Garoña vuelve a convertirse así en una moneda de cambio, en este caso, la dejar atada la legislatura al PP. Ya la utilizaron las eléctricas para garantizarse una ampliación de la vida hasta 60 años del resto del parque atómico español. Y lo han logrado a la vista de que, por primera vez, en el dictamen sobre Garoña, el CSN desliga los plazos de la autorización administrativa de los premisos por razones de seguridad, que hasta ahora coincidían en 10 años.
Un parque al que solo le quedan 10 años
Por primera vez, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha puesto un límite temporal para la petición de renovación de la licencia de una central nuclear española. Así lo ha hecho en el caso de la autorización para Garoña que le había solicitado el Ministerio de Industria en 2014, previa solicitud de su propietaria, Nuclenor, en la que participan Endesa e Iberdrola.
Su sucesor, el Ministerio de Energía, tiene ahora la potestad de optar por el cierre, con el consiguiente desmantelamiento, o de prorrogar la licencia por los años que determine (Nuclenor ha solicitado la prórroga hasta 2031)en cuyo caso, la última palabra la tienen las eléctricas. En este caso, no falta quien opina que se les debería quitar la licencia y traspasarla a un tercero, “algo que debió hacer el Gobierno cuando Nuclenor decidió unilateralmente pararla en 2012”, aseguran.
Por el momento, con la decisión del CSN de desligar el permiso del ministerio de sus revisiones periódicas de seguridad, se abre la puerta para que el parque nuclear español amplíe su vida útil hasta 60 años. De lo contrario, en tan solo una década (en 2017 cumplirá los 40 años la más joven de las plantas, Trillo) España habrá echado el cierre a sus ocho centrales atómicas.
La primera que deberá pasar la revisión es Almaraz I, que en 2020 cumplirá 40 años (en mayo iniciará la solicitud de sus permisos) y 37 años su reactor gemelo, el de Almaraz II.
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