Fomento baraja abonar la ayuda al alquiler en un pago y a posteriori
El Gobierno analiza las propuestas remitidas por las comunidades autónomas Desde 2014 se han destinado más de 250 millones a pagar esta subvención
El pasado 31 de enero concluyó el plazo que tenían las comunidades para hacer llegar a Fomento sus propuestas de cara a la elaboración del nuevo plan de vivienda, tal y como anunció el ministro Íñigo de la Serna en la conferencia sectorial celebrada el 15 de diciembre. Durante este mes de febrero, los técnicos del Ministerio estudiarán todas esas medidas antes de empezar a elaborar el borrador del plan que debería estar listo en pocas semanas con el objetivo de que pueda aprobarse antes del verano. Entre las propuestas enviadas, el Ejecutivo valora introducir cambios en la ayuda al alquiler. En primer lugar, todo apunta a que dejará de abonarse mensualmente, dado que son bastantes las comunidades que han reconocido que eso les genera múltiples problemas de gestión.
En este sentido, la Comunidad de Madrid plantea que dicha subvención se abone de una sola vez y que este pago se produzca a posteriori, es decir sobre mensualidades de alquiler ya vencidas o pagadas. Asimismo, propone que cada año se pueda comprobar que la situación económica de la unidad familiar que recibe la ayuda no ha variado y, por lo tanto, sigue teniendo derecho a percibirla. Esto se incluye como una medida más para controlar el fraude en la percepción de esta clase de subvenciones, ya que el marco regulatorio actual establece que una vez que sea concedida, ésta podrá ser prorrogable durante los años de vigencia del plan de vivienda.
¿En qué consiste esta subvención? Es el pago de hasta el 40% de la renta que han de abonar las familias que viven en régimen de arrendamiento, con un límite de 2.400 euros anuales por vivienda. Así, está pensado para ayudar a quienes tengan que pagar hasta 600 euros al mes, si bien las comunidades pueden establecer topes inferiores en sus territorios.
Impulso a la rehabilitación
El límite de ingresos que fija la norma es en función del número de miembros de la “unidad de convivencia”. Esto es, la persona adulta computa una vez el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples, que en 2017 sigue siendo el mismo de los últimos años, de 532,51 euros al mes). Cada persona adicional de 14 años o más computa 0,5 veces el IPREM. Mientras que cada persona adicional menor de 14 años computa 0,3 veces el IPREM.
Así, con carácter general esta ayuda está pensada para hogares con un nivel de ingresos anuales de hasta 22.365,42 euros. En el Plan Estatal 2013-2016, que no empezó a aplicarse de manera efectiva hasta 2014, Fomento transfirió a las regiones para que pagaran esta ayuda un total de 250,08 millones de euros.
Otro de los ámbitos donde el Ejecutivo quiere flexibilizar el programa actual para promover que se lleven a cabo más proyectos es en la rehabilitación. En esta materia, Fomento estudia admitir la tipología de edificio unifamiliar, que es muy importante en el ámbito rural, por lo que lo han solicitado varias regiones.
Madrid, por su parte, reclama “eliminar el requisito relativo a los ingresos (que el 60% de los propietarios de viviendas del edificio a reformar estén integrados en unidades de convivencia cuyos ingresos no superen en 6,5 veces el IPREM) en la tipología de conservación, dado que dicho requisito supone un agravio comparativo con respecto al resto de actuaciones subvencionables, como eficiencia energética y accesibilidad, salvo que se considere de mayor eficacia disociar las líneas de ayuda de rehabilitación edificatoria”.
Otra manera de flexibilizar los requisitos que se exigen ahora para acceder a ayudas para la rehabilitación sería admitir la figura del compromiso de arrendamiento y el uso propio, a efectos del cómputo del 70% de ocupación del inmueble, en aquellos supuestos en los que la vivienda no se encuentre habitable en la fecha de presentación de las solicitudes, exigiendo que las obras hayan finalizado antes de otorgar la subvención.
El PSOE plantea recuperar la subsidiación de intereses
Desde las filas socialistas admiten que no han enviado a Fomento un documento único con sus propuestas de cara al diseño del nuevo plan plurianual de vivienda, que, por primera vez, podría tener una vigencia superior a los cuatro años.
Remiten su postura a lo planteado por las autonomías donde gobiernan y esperan a que el ministro comparezca en el Congreso para hablar exclusivamente de vivienda.
Sin embargo, la portavoz socialista de esta materia en el Congreso, Mar Rominguera, explica a CincoDías que mientras se produce dicha comparecencia van a exigir que se restablezcan las ayudas a la subsidiación de los préstamos de vivienda protegida (VPO) que el Gobierno suprimió en 2012.
Así, una de las principales ventajas con las que han contado históricamente los compradores de VPO era que los tipos que pagaban por sus hipotecas eran sustancialmente inferiores a los del mercado libre porque el Gobierno subvencionaba/pagaba a la banca parte de esos intereses.
No obstante, tal y como recuerda Rominguera, el Real decreto 20/2012 de 13 de julio acabó con esta práctica, una decisión que no solo supuso eliminar las ayudas para nuevos adquirentes, sino que eliminó también la posibilidad de seguir reduciendo la carga de intereses a quienes ya tenían solicitada o en tramitación una de estas subsidiaciones, así como para quienes estaban pendientes de su solicitud de prórroga (los tipos aplicados se actualizan cada cinco años).
El PSOE calcula que unas 300.000 familias se han visto perjudicadas por esta decisión y reclama volver a la situación anterior porque mientras las arcas públicas no sufrirán un importante quebranto, para algunos beneficiarios supone pagar hasta 300 euros más al mes.
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