La CNMC irrumpe en la crisis de la estiba con una investigación en Vigo
Investiga pactos para la regulación de las relaciones laborales en el puerto de Vigo
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra varios sindicatos de la estiba y empresas del puerto de Vigo en busca de prácticas contra la competencia. El órgano entra de lleno, de este modo, en la fuerte crisis que viven los puertos en estos días ante la urgente liberalización de la actividad de la manipulación de la carga que tiene lanzada el Gobierno y la oposición sindical.
Los sindicatos investigados son UGT, CC OO y la Confederación Intersindical Galega (CIG). Y las empresas afectadas son Líneas Marítimas Españolas, Bergé Marítima, Estibadora Gallega, Terminales Marítimas de Vigo y Pérez Torres Marítima.
La infracción, según ha informado la CNMC, consistiría en "la firma y aplicación, por parte de estas entidades, de un pacto extraestatutario firmado en el año 1996, para la regulación de las relaciones laborales en el ámbito de la estiba en el Puerto de Vigo, cuyos ámbitos personal y funcional de aplicación desbordarían el ámbito propio reservado a las labores de estiba portuaria".
La CNMV investiga "la firma y aplicación, por parte de estas entidades, de un pacto extraestatutario firmado en el año 1996, para la regulación de las relaciones laborales en el ámbito de la estiba en el Puerto de Vigo"
La acción de la CNMC tiene su origen en la información remitida por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo. El ente regulador de la Competencia inició un proceso de información reservada que permitió detectar "indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la normativa de competencia" y ha acordado la incoación del expediente sancionador por una presunta infracción del artículo 1 de la LDC y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Como suele ser habitual, la CNMC recuerda que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Tras la apertura del caso comienza a contar un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y su resolución.
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