Editorial

Un modelo con vocación de permanencia

Es urgente que España adopte un mecanismo de designación de las cúpulas de los organismos reguladores lo más estable posible

El ministro de Economía, Luis de Guindos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos.

El modelo de designación de los presidentes de organismos reguladores que ha anunciado el Gobierno constituye un paso más para aumentar la independencia de estos organismos, aunque dista todavía de la autonomía que caracteriza a estos nombramientos en el sistema anglosajón. Los organismos encargados de las labores de regulación y supervisión en España –Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF), CNMV, Banco de España, Agencia de Seguros Independiente, y los dos órganos en que se dividirá la CNMC– serán dirigidos por un presidente que propondrá el Gobierno, pero que deberá ser refrendado posteriormente a través de un doble control. El primero consistirá en el examen realizado por un comité de expertos, integrado por los presidentes de los propios organismos reguladores, que deberán pronunciarse sobre la idoneidad o no del candidato. Si el comité refrenda la propuesta del Gobierno, esta pasará a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados y bastará con que sea aprobada por mayoría simple. En caso de que los expertos rechacen al candidato, la mayoría en la Comisión del Congreso deberá ser cualificada (absoluta o de dos tercios). Tal y como está articulado el reparto parlamentario en la actual legislatura, el procedimiento puede ejercer una sustancial labor de contrapeso respecto al criterio del Gobierno, pero no ocurrirá lo mismo con un Ejecutivo que cuente con una amplia mayoría en la cámara.

La creación del comité de expertos –al que también podrían incorporarse altos cargos como el presidente del Consejo de Estado o algún magistrado– es fruto de un acuerdo entre el PP y Ciudadanos, pese a que estos últimos propugnaban inicialmente un modelo dotado de mayor independencia. Frente a este mecanismo consensuado, el PSOE ha optado por distanciarse y esperar a la tramitación parlamentaria para presentar sus enmiendas. La propuesta socialista defiende que el proceso de designación se inicie con una convocatoria pública de candidatos –en lugar de que estos sean propuestos por el Gobierno– y que el examen de la comisión de expertos resulte excluyente, de forma que únicamente lleguen a la Comisión de Economía del Congreso aquellos aspirantes que sean considerados idóneos por esa comisión. La mayoría necesaria sería, además, de tres quintos.

El mecanismo de elección de las cúpulas en los organismos reguladores debería y apoyarse en un acuerdo político lo más amplio posible y que incluya a la principal fuerza de la oposición. No solo porque es necesario avanzar hacia un procedimiento que proteja la independencia de estos organismos, sino porque es urgente que España adopte un modelo de reguladores sólido, lo más estable posible y con fuerte vocación de permanencia.

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