La judicialización de las hipotecas

El CGPJ pide dedicar un juzgado por provincia a las cláusulas suelo

Cree que la solución extrajudicial no evitará un nuevo torrente de demandas

cláusula suelo
Protesta de afectados por las claúsulas suelo, en Madrid.

La solución extrajudicial para negociar con la banca la devolución de lo cobrado por cláusulas suelo opacas no evitará una oleada de nuevas demandas contra las entidades financieras en los tribunales españoles a raíz de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que exige la retroactividad total las devoluciones.

Así lo considera la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha aprobado este jueves una propuesta de urgencia para reclamar la especialización de determinados juzgados en este tipo de causas.

En concreto, el CGPJ propone dedicar un juzgado por provincia a tramitar las causas relacionadas con cláusulas suelo para evitar un colapso generalizado de los tribunales.

El órgano de gobierno de los jueces entiende que el real decreto aprobado por el Gobierno para canalizar las reclamaciones por la vía extrajudicial, obligando a la banca abrir procesos de negociación individual que se resuelvan en menos de tres meses, solucionará “parte de los conflictos que se planteen”.

Sin embargo, el CGPJ expone que pese a esta medida “puede producirse un importante incremento de demandas derivados de la sentencia del TJUE, que se unirían a las que ya se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia sobre condiciones generales de la contratación y protección de consumidores y usuarios”.

Aumento masivo de demandas

“Un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la primera instancia civil podría llegar a comprometer la capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza”, advierten los jueces, señalando que podría sobrecargarse el sistema judicial.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya advirtió durante la negociación del decreto que no habilitar una vía extrajudicial podría colapsar los juzgados, que podrían duplicar su carga de trabajo anual si se llegaran a judicializar los 1,5 millones de hipotecas con cláusula suelo.

El CGPJ ve “necesaria la adopción de medidas con carácter urgente y anticipándose a la previsible entrada masiva de demandas, de forma que en el momento del registro y reparto de las mismas ya estén establecidos los cauces para su atribución a unos órganos judiciales concretos”.

Situación de excepción

Los jueces proponen especializar un juzgado de primera instancia de cada provincia con “competencia extendida a todo el territorio de la misma, que de manera exclusiva” a la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios. Aunque la aceptación de causas no sería excluyente para no sobrecargar al resto de juzgados.

La medida, expone el CGPJ, se haría al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite al máximo organismo judicial “acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos (…)”.

La elección de los juzgados se tomaría de acuerdo con los Tribunales Superiores de Justicia de cada región, que se reunirán el próximo 15 de febrero. La idea es especializar a los órganos que se ofrezcan voluntariamente o, en ausencia de candidatos, eligiendo el que se encuentre en mejor situación.

Además, el CGPJ pide a Justicia un refuerzo general de los juzgados que incluya más recursos y la formación específica sobre la materia para jueces territoriales a fin de “reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta”.

En marcha el 1 de junio

El proyecto “permitiría dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los ciudadanos, con independencia de la localidad en la que residan”, expone el órgano judicial.

El plan debería estar puesto en marcha el 1 de junio, expone el CGPJ, para asumir las demandas que se produzcan tras los cuatro meses de arranque del mecanismo de negociación extrajudicial impulsado por el Gobierno.

El CGPJ defiende que esta propuesta mejoraría la respuesta judicial como demuestra la “experiencia que supuso la especialización de órganos judiciales en materia de comercialización de productos híbridos financieros”, es decir las demandas por la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada.

Los jueces asumen que el plan permitiría agilizar los plazos de respuesta, elevar la seguridad jurídica y “aumentar la confianza del ciudadano en los tribunales al darle un servicio específico y eficaz frente a un problema que le acucia”.

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