Financiación municipal

La FEMP pide invertir el superávit local en planes de empleo

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la reunión celebrada ayer con representantes de la FEMP.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la reunión celebrada ayer con representantes de la FEMP.

El pulso entre los ayuntamientos y Hacienda viene de lejos. La rebelión se produjo hace aproximadamente un año, cuando los alcaldes anunciaron públicamente que iban a reducir al mínimo el superávit fiscal ante la imposibilidad de poder gastarlo. El presidente de la FEMP, Abel Caballero, inició una batalla con Hacienda en dos frentes: lograr que los ayuntamientos saneados pudieran gastar el superávit (algo que limita la Ley de Estabilidad Presupuestaria) y que tuvieran un techo de gasto más elevado.

La argumentación de los municipios se ha centrado en resaltar que las entidades locales han sido las únicas que han logrado superávit fiscal desde 2012. El saldo positivo desde ese ejercicio se elevó al 0,32% del PIB, al 0,55% en 2013, al 0,57% en 2014 y al 0,44% en 2015. Este año también acabará con superávit frente al resto de las tres grandes administraciones (Estado Central, comunidades autónomas y Seguridad Social), que volverán a tener déficit. El presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha insistido con frecuencia en que se sienten legitimados para reclamar ambas cuestiones por su disciplina fiscal y que no están dispuestos a que su superávit cubra el déficit de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social.

Ese fue el mensaje más importante que ha transmitido esta tarde Caballero en el encuentro que mantuvo con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La reunión, que se prolongó durante dos horas, sirvió para demostrar la sintonía entre ambas partes, aunque con ritmos diferenciados. El Ejecutivo liga cualquier decisión a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, un extremo que está en el aire ante la falta de apoyos en el Parlamento y la escasez de tiempo para tramitarlos. De hecho ya han surgido los primeros voces que dan por hecho que las cuentas de 2016 se prorrogarán y lo que ahora se empezará a negociar son los Presupuestos de 2018.

El presidente de la FEMP solicitó a Montoro que Hacienda les de permiso para poder invertir este año el superávit generado el pasado ejercicio. “Bien a través de una ley singular o bien a través de una ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Le hemos planteado que queremos utilizar los remanentes de tesorería para inversiones, pero sin tener que subir impuestos como marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Nos serviría para poner en marcha planes de empleo y gasto social en favor de los ciudadanos”, aseguró. Respecto al techo de gasto reclamó la constitución inmediata de un grupo de expertos para decidir si se les da un trato privilegiado a los ayuntamientos más saneados. “Nos han prometido que en pocos días estará ya constituido”, precisó.

En lo que sí alcanzaron un acuerdo ambas partes fue en la constitución de un grupo de diez expertos (cinco de ellos nombrados por la Administración central y los otros cinco por ayuntamientos y diputaciones) para abordar la reforma de la financiación local. Los trabajos de este grupo se realizarán en paralelo a los que realizará el que se constituirá para modificar la financación autonómica, tal y como querían los alcaldes. El presidente de la FEMP avanzó que el grupo podría estar constitutido en una semana. Caballero pidió también un trato especial a Hacienda para los 200 consistorios con una situación financiera muy deficitaria, ya que en algunos casos, las cuentas están intervenidas hasta 2035.

 

Solo gastaron 660 millones en inversiones en 2015

Las inversiones financieramente sostenibles son el único resquicio de inversión que deja la Ley de Estabilidad Presupuestaria para los ayuntamientos saneados. Y no convence a los escasos municipios afectados (aquellos que hayan tenido superávit y no hayan rebasado el endeudamiento autorizado) por dos motivos: la escasez del dinero del que disponen y lo acotado de las inversiones a realizar. En 2015, los ayuntamientos que cumplieron ambas condiciones se beneficiaron de 660 millones de euros, de los que 359 millones fueron a diputaciones provinciales y 301 a municipios, según el último informe de Hacienda, hecho público la pasada semana. La diputación que más dinero dispuso fue la de Barcelona (76,4 millones), seguida por Sevilla (42,12) y Pontevedra (36,91). El consistorio que más fondos obtuvo fue Barcelona (22,32 millones), seguido de Madrid (18,39) y Sant Boi de Llobregat (5,59).

Lo que reclaman los ayuntamientos es que se acompase el superávit fiscal con el límite para invertir. Un buen ejemplo es el de Madrid, que obtuvo un superávit fiscal de 511 millones en 2015 y solo pudo gastar 18,39 millones en determinadas partidas. Esta disposición las limita a acciones vinculadas al saneamiento de aguas, alumbrado, vías públicas, infraestructura de transporte, parques y jardines o carreteras, entre otras, y requiere autorización expresa de Hacienda cuando el importe de la inversión supere los 10 millones de euros. De los 660 millones que pudieron invertir los consistorios en 2015, hay seis partidas que se comen prácticamente el presupuesto: vías públicas (190,97), carreteras (123,5), gestión del patrimonio (92,58), abastecimiento domiciliario de agua potable (48,84), caminos vecinales (42,74) y parques y jardines (39,10).

 

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