Editorial

El reto de proteger sin asfixiar

La ley Hipotecaria protegerá al cliente bancario, pero también a la entidad financiera y al conjunto del mercado hipotecario

El ministro de Economía, Luis de Guindos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos. EFE

La reforma de la Ley Hipotecaria que prepara el Gobierno incluirá un mecanismo de protección del consumidor con el fin de garantizar un máximo de información y transparencia a la hora de suscribir estas operaciones. Como reconocía ayer en el Congreso de los Diputados el ministro de Economía, Luis de Guindos, los últimos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE sobre la normativa hipotecaria española suponen un “cuestionamiento” de los créditos hipotecarios “en muchos casos por falta de transparencia”.

Aunque la reforma de la norma se debe a la necesidad de adaptar –con un año de retraso– una directiva europea, el Ejecutivo aprovechará el trámite para aumentar la protección de los clientes hipotecarios mediante un procedimiento de información que limite la posibilidad de errores, abusos o malas prácticas. El mecanismo, que Guindos explicó ayer, obliga a las entidades financieras a poner a disposición del cliente una ficha estándar con información en detalle sobre las cláusulas “más sensibles” de los contratos, como las cláusulas suelo, de amortización o gastos. Además, en el momento de la firma, se reforzará el control notarial para asegurar que el cliente ha recibido esta información precontractual por parte de su banco. A ello se sumará también una aportación manuscrita del propio consumidor en la que este confirmará que, efectivamente, conoce el contenido de las cláusulas.

El mecanismo que se incluirá en la Ley Hipotecaria protegerá al cliente bancario, que es la parte más débil del contrato, pero también a la entidad financiera y al conjunto del mercado hipotecario. La obligación de los consumidores de declarar bajo su firma que conocen el contenido de los cláusulas sensibles reducirá considerablemente la posibilidad de demandar posteriormente al banco por falta de información u opacidad, al menos si las entidades cumplen escrupulosamente el protocolo previsto en la ley. Todo ello debería reforzar la seguridad jurídica del tráfico hipotecario, piedra angular del mercado, y evitar que esta pueda resentirse por crisis como la causada por las cláusulas suelo, cuyos efectos han golpeado a los consumidores, pero se han vuelto finalmente contra la banca y han dañado la credibilidad del sistema.

Como recordaba ayer el ministro de Economía, España tiene un mercado hipotecario con características únicas respecto al resto de la UE, dado que el 80% de las familias tiene una vivienda en propiedad. Esa circunstancia hace necesario calibrar la carga regulatoria que se coloca sobre los hombros de las entidades financieras y el coste que ello puede suponer para estas y para el mercado. Buscar un punto intermedio entre el deber de protección y el exceso de regulación es el reto que tiene ante sí esta nueva reforma hipotecaria.

 

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