Revolución en el mercado hipotecario

¿Cuánto ahorra el Estado sacando de los juzgados la cláusula suelo?

Justicia estima un ahorro de 38 millones con el decreto pero eleva la cifra de afectados

cláusulas suelo
Rafael Catalá, ministro de Justicia.

Uno de los principales objetivos del Gobierno al impulsar una mecanismo extrajudicial de negociación entre bancos y clientes para agilizar la devolución de lo cobrado en aplicación de cláusulas suelo opacas es la necesidad de evitar el colapso de los juzgados españoles.

El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió antes de que la medida fuera aprobada mediante un decreto ley el pasado viernes, que judicializar 1,5 millones de causas nuevas por cláusulas suelo supondría duplicar la carga de trabajo anual de los tribunales españoles.

La memoria del impacto del decreto ley, a la que ha tenido acceso este diario, detalla que no articular un cauce oficial de negociación entre las partes tendría un coste aproximado para la Justicia española de 38.453.200 euros.

La cifra, sin embargo, se basa en la estimación de que existen 2.193.000 préstamos hipotecarios que incluye cláusulas suelo y que son susceptibles de acabar en los juzgados. La cifra es bastante superior a los 1,5 millones de afectados que se ha barajado oficialmente.

La explicación es que la cuantía de 2,19 millones de hipotecas con cláusulas suelo proviene de un informe de KPMG de 2013 elaborado por KPMG a instancias del sector financiero que supone una mera estimación.

Restando los casos que ya han tenido una resolución judicial firme y atendiendo, ante todo, a los datos oficiales que maneja el Banco de España, la cifra más aproximada a la realidad, según fuentes oficiales, son los 1,5 millones que han utilizado públicamente el propio Catalá o el ministro de Economía Luis de Guindos, cuyo gabinete ha liderado la creación del decreto.

Así, aunque la memoria que acompaña al decreto habla de un ahorro presupuestario de 21,308 millones para el Ministerio de Justicia y de 17,144 millones de euros para las comunidades autónomas con competencias transferidas, el coste que evita el decreto a las arcas públicas sería sensiblemente inferior.

Una estimación directa, absolutamente preliminar, indica que el ahorro real presupuestario para el conjunto de las administraciones públicas rondaría en realidad los 26,3 millones de euros, bajo el supuesto de que el mecanismo evitará que todos los hipotecados con estas cláusulas acudan a juicio. La memoria presentada junto al decreto que entró en vigor el pasado fin de semana no matiza, sin embargo, estas cuestiones.

Tiempos de respuesta

La memoria elaborada por el Gobierno en torno al decreto también estima en qué medida se agiliza la respuesta de la banca a sus clientes mediante la vía extrajudicial que se ha habilitado mediante el decreto.

El documento detalla que de judicializarse todos los procesos el tiempo de respuesta media de los juzgados de 9,2 meses en primera instancia a 39,3 meses, e incluso a 19,1 meses en el caso de que solo litigaran un tercio de los afectados.

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