El consenso para crear la autoridad de defensa del consumidor
Gobierno, PSOE y Ciudadanos buscan el consenso para crear una gran institución para defender al cliente financiero La banca no entiende por qué Hacienda penaliza los DTA con un pago retroactivo desde 2012
Esta legislatura puede que pase a los anales de la historia del país, o por lo menos a los próximos años, por atípica. El Gobierno necesita del apoyo de otros partidos para lograr sacar adelante sus propuestas. El deseado consenso. Y ahora el consumidor se ha convertido en el protagonista destacado de las agendas políticas del Ejecutivo, PSOE y Ciudadanos. Todos buscan crear una autoridad para proteger al consumidor financiero.
Será por ello, o porque de verdad algo está cambiado en este país, o porque los tribunales europeos nos han sacado los colores en varias ocasiones, o porque se ha castigado lo indecible al cliente, por lo que de repente los partidos políticos buscan a toda costa arropar al consumidor financiero.
En algunos casos son medidas populistas, pero no por ello dejan de ser beneficiosas para los consumidores, que es al final de lo que se trata. Será por ello por lo que el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos tienen en sus agendas políticas la creación de una gran autoridad de defensa del consumidor. Y será por lo atípico de esta legislatura por lo que los tres grupos buscarán el consenso para llegar a un acuerdo para su creación.
De partida, el Gobierno y Ciudadanos ultiman la creación de una autoridad de defensa del consumidor en materia de productos financieros. Esta agencia se encuentra incluida en el paquete de medidas pactado entre el Ejecutivo y el grupo político con el objetivo de mejorar la transparencia y la independencia de los principales organismos públicos.
La idea es presentarlo en los próximos días, aunque está a la espera de que se sume al acuerdo el PSOE. Y parece que lo hará, que se sumará, pero claro, incorporando sus propuestas, que en la letra más legible son muy similares, aunque, como siempre, hay que leer la letra pequeña, que es la que al final, dicen, carga el diablo.
Una de las diferencias es que Ciudadanos y el Gobierno pretenden que este defensor del consumidor cuelgue de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El PSOE, sin embargo, parece más partidario de crear una gran agencia independiente, o que pueda estar vinculada de alguna forma a Economía. Todo es cuestión de hablarlo.
La nueva autoridad de defensa del consumidor podría tener capacidad sancionadora, como ocurre en el caso de Estados Unidos. Este defensor del consumidor habría sido el encargado de dirimir en las cláusulas suelo o, antes, en el escándalo de las participaciones preferentes, o en los abusos de algunas comisiones o en los gastos hipotecarios, por citar algunos ejemplos.
La división de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también está entre los puntos a consensuar entre Gobierno, Ciudadanos y PSOE. El objetivo es que este organismo gane en independencia al dividirse entre las áreas de Competencia y Mercados, corrigiendo así la unión llevada a cabo por el propio Gobierno del PP en 2012.
Pero hay otro punto que corre más prisa e intentarán firmar un acuerdo en los próximos días. Es el relativo a la implantación de mecanismos que primen los méritos profesionales y aumenten la transparencia en los nombramientos de organismos supervisores del Estado. Es decir, quieren que se acaben los nombramientos a dedo, o eso dicen.
Las prisas provienen de la renovación de una gran parte del consejo de la CNMC. Tres de sus diez comisionados de este organismo que preside José María Marín Quemada trabajan en funciones desde hace un año. Tres puestos a cubrir que llegarán a seis en pocos meses. El Gobierno y Ciudadanos tienen entre sus objetivos resolver esta renovación en breve, pero quieren contar con el PSOE.
Lo cierto es que los socialistas también tienen entre sus planes crear esta comisión, o como quieran denominarla, para elegir a los diferentes cargos públicos como en el Banco de España, la CNMV, la CNMC, Seguros, la SEPI u otras instituciones dependientes del Estado. La idea es proponer unos nombres y entre ellos elegir a los candidatos y que sea el Congreso el encargado de dar las bendiciones.
El Gobierno también pretende consensuar la futura ley hipotecaria. Bueno, no tiene más remedio si no quiere arriesgarse a que su proyecto sea tumbado en el Congreso, aunque todos buscan en la nueva normativa la protección del cliente. Economía ya ha sumado un triunfo con el real decreto que regula la devolución de las cláusulas suelo, aunque lo ha sudado. Le ha costado tres intentos, pero a la tercera fue la vencida. Y el viernes consiguió coronar su proyecto con el apoyo del PSOE, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria.
Pero mientras se cierran las diferencias entre Gobierno, PSOE y Ciudadanos para llevar a cabo la reforma de las instituciones supervisoras, entre las que también se incluyen Seguros, el FROB y el Banco de España, además del ICAC, los bancos están que trinan con el Ejecutivo.
Hacienda ha decidido no suavizar el real decreto-ley 3/2016 de medidas fiscales aprobado el pasado 3 de diciembre en lo relativo al endurecimiento de los activos fiscales diferidos. Y eso que las quejas de los principales bancos y empresas del país les hacía pensar que Cristóbal Montoro iba a ceder e introducir medidas paliativas tan solo hace una semana. Pero no. “Hacienda necesita cumplir con los objetivos del déficit este año y ha decidido no dar marcha atrás con ninguna de sus medidas recaudatorias, aunque ello suponga cambiar las reglas de juego a mitad del partido”, explicaba el viernes un alto cargo de un banco.
La banca y alguna de las principales empresas españolas deberán así devolver a Hacienda lo que se habían desgravado por sus activos fiscales diferidos (conocidos por DTAs en sus siglas en inglés) desde 2012 hasta ahora, y todo en las cuentas de 2016. Aunque “todavía tenemos esperanza de que de marcha atrás antes de auditar las cuentas”, explicaba otro directivo.
