Bancos, AEB y CECA reclaman seguridad jurídica
El sistema financiero alerta ante la nueva ley hipotecaria que el Gobierno está redactando
Las entidades financieras no están muy contentas en estos momentos con el Gobierno. No es la primera vez que existe un amor odio entre este sector y el Ejecutivo, y más en concreto entre Economía. Pese a ello, el sector acepta el procedimiento impuesto por el Gobierno para devolver el dinero mal cobrado con las cláusulas suelo, aunque algunas han recibido el real decreto como si les cayera encima un jarro de agua fría. “Todo depende de cómo afecte a tu cuenta de resultados con más o menos provisiones, o lo complejo que pueda resultarte su ejecución”, explicaba ayer un alto directivo de uno de los grandes bancos españoles. Pese a ello, en conjunto, bancos y antiguas cajas han expresado su disposición a colaborar con el Gobierno “en la implementación de estas medidas”, según reza el comunicado de la AEB. La CECA, patronal de las antiguas cajas, ha manifestado “su compromiso de colaborar activamente con el Gobierno y demás autoridades para una implementación eficaz del Real Decreto-ley”.
La AEB afirma en su comunicado que los bancos esperan que el sistema establecido contribuya “a resolver de una manera eficiente, rápida y poco onerosa los problemas y dudas que puedan tener los clientes con cláusulas suelo incluidas en sus contratos hipotecarios”. Y reitera que las entidades de la AEB cumplen y “han cumplido la legislación hipotecaria y, en particular, las numerosas normas que regulan la transparencia”. La CECA, por su parte, califica de “positivas” las medidas del Gobierno al “facilitar el establecimiento de cauces extrajudiciales de resolución de controversias en relación a préstamos hipotecarios con cláusulas suelo”. Y resalta que la nueva norma “permitirá alcanzar soluciones particularizadas a cada caso concreto”.
Banco Sabadell: cláusulas válidas
Banco Sabadell, fue una de las pocas entidades que comunicó su parecer. La firma que preside Josep Oliu se reafirmó este viernes en su convencimiento de que sus cláusulas suelo hipotecarias son válidas y que ha actuado de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo al haber informado debidamente a sus clientes de forma clara y transparente. Considera, de esta forma, que el impacto del nuevo real decreto será escaso en su caso. Pese a ello, da su total apoyo al comunicado de la AEB.
Sabadell ha incidido en que el Real Decreto no implica la nulidad de las cláusulas suelo, y que se trata de un sistema para restituir a los clientes con cláusulas suelo indebidas, “que no aplica” en su caso.
Ceiss, filial de Unicaja, también explicó que “el sector puede asumir las cláusulas suelo, aunque son un palo”, según declaró en rueda de prensa su consejera delegada, María Luisa Lombardero.
La respuesta de BBVA, uno de los bancos con más cláusulas suelo, se produjo un día antes, el jueves. Su presidente, Francisco González, afirmó que el banco buscará el interés del cliente y del banco en la solución de las cláusulas suelo. La banca deberá provisionar con cargo a 2016, un máximo de 4.000 millones de euros, según cálculos de diciembre del Banco de España.
El real decreto que se publica este sábado ha tenido en cuenta las últimas peticiones de la banca que remitieron contrarreloj el viernes a primera hora, relativas a la ambigüedad de dos puntos del artículo 3 sobre los cálculos que debía hacer el sector a todos los afectados por cláusulas. Este artículo se ha modificado, y la banca así no tendrá que hacer cálculos al cliente si su cláusula es correcta.
El presidente de la AEB, José María Roldán, también ha pedido que los bancos formen parte de la comisión de seguimiento del proceso extrajudicial. Su reclamación, de momento, no ha tenido eco.
En lo que han coincidido las dos patronales del sector y varios bancos (BBVA y Bankia públicamente), es en reclamar “la seguridad jurídica” del sistema hipotecario. La AEB, de hecho, mantiene que “durante décadas ha cumplido con gran eficacia su función de dar acceso al crédito a un gran número de familias españolas para que pudieran adquirir una vivienda en propiedad”. La CECA, mientras, ha insistido en que hay que “preservar este modelo y asegurar su estabilidad”, para lo que es necesario “seguir garantizando la seguridad jurídica en el proceso de contratación”.