La nueva ley hipotecaria aclarará la responsabilidad de los notarios
Los gastos hipotecarios previsiblemente se incluirán en la nueva normativa, apuntan fuentes políticas
Los presidentes de BBVA, Francisco González, y Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, han manifestado públicamente su opinión sobre la actual ley hipotecaria, y han dado algunas pistas de lo que no quieren que se cambie. Ambos han coincidido en señalar (aunque cada uno con días de diferencia) que “probablemente España tiene el mejor sistema hipotecario del mundo”. El presidente de Bankia pidió hace unos días que la nueva legislación “no ponga en peligro el mercado hipotecario español, el mejor del mundo, para favorecer al 2% de los clientes... no se puede legislar en contra del 98% de los hipotecados”.
Las declaraciones de Francisco González realizadas ayer desde el Foro Económico de Davos, contienen el mismo mensaje. “Mu_cha gente ha podido acceder a la propiedad porque España tiene un buen sistema hipotecario y, por tanto, es importante ver la foto en su conjunto y preservar la seguridad jurídica”, concluyó el presidente de BBVA. De esta forma, la banca intenta mandar ya sus mensajes al Ejecutivo ante el próximo desarrollo de la nueva normativa hipotecaria, aprovechando la transposición de la directiva europea sobre crédito hipotecario 2014/17/UE, aprobada el 4 de febrero de 2014. En este nuevo intento del Ministerio de Economía de llevar a cabo una nueva norma (ya se presentó en julio del pasado año un anteproyecto de ley que iba a regular los contratos de crédito inmobiliario), se pretende incluir los gastos hipotecarios, como los del notario, el registro y el impuesto de actos jurídicos documentados, apuntan fuentes socialistas. Este grupo político reconoce que su objetivo es llegar a un acuerdo con el Gobierno en varias materias del sector financiero, y la ley hipotecaria es una de las principales.
La polémica de los gastos hipotecarios se abrió en 2015 cuando el Supremo declaró como abusivas las cláusulas que imponen al cliente todos los gastos de formalización de hipotecas, y consideró que deberían asumirlas íntegras o el 50% los bancos, ya que son los interesados en que la operación se registre.
El Ejecutivo, como el PSOE y Ciudadanos, pretenden apuntalar un proyecto para defender al consumidor en todos los conceptos de la economía, y aunque difieren inicialmente en los mecanismos (aunque PP y Ciudadanos están a punto de cerrar un acuerdo), sí quieren apoyarse en la ley hipotecaria como base de esta protección. El objetivo es abarcar todos los conceptos relacionados con los préstamos hipotecarios susceptibles de diferentes interpretaciones, como el abanico de cláusulas, las hipotecas multidivisas, o cualquier otra variedad de hipotecas, o la responsabilidad que pueda atribuirse a los notarios o registradores de la propiedad, explican fuentes políticas.
La regulación de la dación en pago también está previsto que se incluya. Pero ante todo, se pretende incrementar la transparencia en la contratación de las hipotecas para proteger al consumidor.
Varios banqueros, entre ellos el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, han criticado en estos días que notarios y registradores hayan acudido a las entidades para reclamar el dinero de sus cláusulas suelo.
El Gobierno maneja ya un primer informe del Ministerio de Economía sobre la nueva Ley Hipotecaria, pero aún no ha sido dado a conocer ni a Ciudadanos ni al PSOE, apuntan varias fuentes. Este informe endurece la reforma hipotecaria recogida en el anteproyecto del pasado mes de julio. Pese a este informe, la futura ley hipotecaria no verá la luz hasta dentro, al menos de cuatro o cinco meses, como poco, ya que su influencia en la economía española es de una gran envergadura. Sus tentáculos afectan incluso a las titulaciones, y por lo tanto a los inversores.
