Andalucía y Valencia acusan a Madrid de 'dumping' fiscal
Andalucía es la principal defensora de la armonización y Madrid se opone Rajoy avisa de que la recaudación sigue por debajo de los niveles precrisis
La mayoría de autonomías reunidas en la VI Conferencia de Presidentes defendió este martes avanzar en la armonización fiscal de tributos como el impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre el Patrimonio. Andalucía y la Comunidad Valenciana llegaron a acusar a Madrid de “dumping fiscal” por mantener una tributación menor. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señaló que el objetivo es acordar un modelo por consenso y cerrar el acuerdo antes de finalizar el año.
La reforma del modelo de financiación autonómica se inició formalmente con las ausencias destacadas los presidentes de Cataluña, Carles Puigdemont, y del País Vasco, Íñigo Urkullu. El encuentro transcurrió en un clima cordial y no sirvió para avanzar en el detalle del nuevo sistema de reparto de recursos. No era el momento.
El Gobierno de Mariano Rajoy se limitó a poner encima de la mesa los principios generales que deben inspirar el futuro modelo como la equidad, la suficiencia, la solidaridad o la transparencia. Obviamente, nadie se opone a estos nobles objetivos. Otra cuestión será su materialización en una ley. A pesar de que ayer no se habló de la letra pequeña, algunas comunidades sí que fueron un paso más allá y defendieron una mayor armonización fiscal en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. La postura fue defendida por Andalucía y obtuvo el respaldo de otras comunidades del PSOE como Valencia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón. También autonomías del PP como Galicia, Murcia y Castilla y León se mostraron favorables a reducir las diferencias fiscales actuales. Y Cantabria se sumó al grupo. Así, la armonización de los tributos de carácter patrimonial obtuvo el respaldo de la mayoría de comunidades autónomas. En contra se posicionó de forma rotunda la Comunidad de Madrid, que prácticamente ha eliminado el impuesto sobre sucesiones y donaciones para las transmisiones entre familiares directos y es la única autonomía que ha renunciado a recaudar Patrimonio.
Andalucía y la Comunidad Valenciana denuncian que Madrid lleva a cabo un “dumping fiscal” y fomenta deslocalizaciones de personas físicas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, señaló que las regiones deben tener autonomía fiscal y están en su derecho a aplicar la política tributaria que consideren oportuna.
La propuesta que defienden Andalucía y otras comunidades contempla que el Gobierno fije un tipo mínimo y máximo en Sucesiones y Patrimonio para reducir las diferencias, evitar la competencia fiscal y la desimposición.
El Ministerio de Hacienda pospuso la reforma de los tributos patrimoniales en la reforma que entró en vigor en 2015 y prevé su revisión ahora en el contexto de la reforma de la financiación autonómica. El departamento de Cristóbal Montoro es partidario de incluir cierta armonización en los tributos sobre los que las comunidades tienen amplia competencia como es el caso de Sucesiones y Patrimonio. Un contribuyente que herede 800.000 euros debe pagar en impuestos más de 160.000 euros en Andalucía o Asturias y la factura fiscal no llega a 2.000 euros en Madrid. Aun así, el presidente del Gobierno no se posicionó y se limitó a señalar que se elaborará un estudio sobre la corresponsabilidad fiscal.
La última vez que se celebró la Conferencia de Presidentes fue en octubre de 2012. En aquella ocasión, el debate giró en torno a las medidas de austeridad que se debían adoptar para reducir el déficit público. En ese momento, España se encontraba al borde del rescate del conjunto de su economía y con unos números rojos que se movían torno al 10% del PIB. La situación actual es distinta. El déficit público sigue siendo muy elevado (4,6% del PIB), sin embargo, la economía está creciendo, se crea empleo y las cuentas públicas, especialmente de las comunidades, están en posición mejor que cinco años atrás. En este contexto, el Gobierno central se ha comprometido a poner en marcha un nuevo modelo de financiación autonómico. Aun así, Rajoy recordó durante su intervención que la recaudación actual todavía se encuentra lejos de los niveles previos a la crisis. De alguna forma, trasladó la idea que el margen para alegrías presupuestarias son escasas. En este sentido, recordó que la caída de la recaudación se ha producido al mismo tiempo que el gasto en pensiones aumentaba en 40.000 millones desde 2007. Un incremento que continuará.
Moncloa, Hacienda y las comunidades autónomas elegirán un comité de expertos para que elabore una propuesta de modelo de financiación. El Gobierno sigue la misma hoja de ruta que en la reforma fiscal y del sistema de pensiones, que también contó con el asesoramiento de un grupo de sabios.
