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Fiscalidad

La gran empresa se compromete a mostrar sus tripas a Hacienda

El Foro de Grandes Empresas pone en marcha un plan piloto Las empresas presentarán voluntariamente un informe de transparencia

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Pablo Monge

Lejos de los focos de la prensa, la Agencia Tributaria y representantes de compañías relevantes se reunieron el martes pasado en el Foro de Grandes Empresas. El encuentro, el primero tras la formación de Gobierno y que estuvo presidido por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, sirvió para dar un espaldarazo y detallar el acuerdo alcanzado hace un año, cuando las compañías y el fisco pusieron en marcha un proyecto que contemplaba que las empresas que así lo quisieran entregarían un informe de transparencia a la Agencia Tributaria. El encuentro, al que acudieron 25 sociedades, sirvió para detallar qué tipo de información se remitirá.

El acuerdo, al que ha tenido acceso Cinco Días, realiza algunas orientaciones sobre el contenido del informe de transparencia. Se recomienda que incluya la estructura y actividad internacional del grupo, la presencia en paraísos fiscales, datos sobre la tributación internacional y aduanera, las fuentes de financiación, la gestión de la propiedad industrial, las operaciones intragrupo y la política de precios de transferencia. También, debe reflejar la estrategia fiscal del grupo aprobada por los órganos de gobierno de la empresa, el catálogo de operaciones tributarias sometidas, en cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, al consejo de administración o la política de prevención del blanqueo de capitales. El Informe de Transparencia –si está bien elaborado– significa desnudarse totalmente ante la Agencia Tributaria y va más allá del llamado informe país por país que contempla el impuesto sobre sociedades y que entra en vigor en la próxima declaración anual.

Cabe esperar que, tras el acuerdo del martes, más empresas opten por entregar el informe de transparencia, un paso que desde que se planteó la iniciativa en noviembre del año pasado han seguido menos de cinco empresas. “Se considera que la presentación voluntaria por parte de las empresas en el año 2016 de un primer informe de transparencia puede servir como experiencia piloto para mejorar, completar y modular la presente propuesta de buenas prácticas de transparencia en el futuro”, señala el documento rubricado el martes en el foro de empresas.

El Foro de Grandes Empresas tuvo su primera reunión tras la formación del nuevo Gobierno

¿Y qué gana una compañía dando tal volumen de información a la Agencia Tributaria? En un contexto en el que la tributación de las multinacionales está bajo sospecha permanente ante la opinión pública, las compañías podrán publicitar la adhesión a este proyecto. Ello puede tener un impacto en dos sentidos. Por un lado, mejorar la reputación de las empresas y, por el otro, estigmatizar a quienes no entregan tal documentación. Aunque para que ello sea así, es necesario que el programa tenga éxito. Si 30 de las 35 empresas del Ibex presentan el informe de transparencia, la presión para que las cinco restantes sigan los mismos pasos aumentará.

Más allá de los réditos reputacionales, las empresas ganarán en seguridad jurídica, ya que recibirán una valoración de la Inspección sobre aspectos del informe y, además, podrán plantear sus dudas sobre el tratamiento fiscal de las operaciones que les generan mayores dudas. Ello dotará a las compañías de mayor certeza y ofrecerá más argumentos para defenderse si en futuras inspecciones fiscales se ponen en duda esas mismas operaciones. De alguna forma, el informe de transparencia es un paso más –y relevante– hacia la mayor relación cooperativa entre las empresas y la Agencia Tributaria. Este nuevo paradigma también se encuentra en las llamadas medidas BEPS, el proyecto de la OCDE para luchar contra la “Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios”. Una de las propuestas más relevantes es la obligación de presentar el informe país por país. En España, se aplicará por primera en la declaración anual del ejercicio 2016. Este documento, que deberán entregar las compañías que facturan más de 750 millones y tienen en España la condición de dominantes en un grupo, incluirá multitud de información de la actividad en cada uno de los países en los que la empresa tiene presencia: ingresos brutos, beneficios, impuestos abonados, capital, plantilla media, activos materiales o datos sobre las operaciones intragrupo figurarán en el documento.

El informe de transparencia y el de país por país comparten que son proyectos que exigen que las compañías muestren sus entrañas al fisco. La diferencia, y no menor, es que el informe de transparencia puede incluir más datos y es voluntario. Fuentes empresariales muestran su temor a que si se conoce que han dado esa información a la Agencia Tributaria española, otras administraciones puedan reclamarla y datos confidenciales acaben circulando por el mercado y caigan en manos de, por ejemplo, sus competidoras. Hasta ahora, unas 120 entidades se han adherido al código de buenas prácticas que impulsó el foro de grandes empresas y está por ver cuántas finalmente se decidirán por presentar el informe de transparencia o preferirán esperar a que el proceso madure. El acuerdo del martes contempla que el documento sea remitido al jefe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes con carácter previo a la presentación de la declaración anual del impuesto sobre sociedades.

El encuentro del martes también sirvió para que algunas empresas mostraran su malestar con el Gobierno por los últimos cambios en el impuesto sobre sociedades, que supondrán un incremento de la cuota a pagar. En concreto, el Gobierno limitó nuevamente la posibilidad de compensar las bases imponibles negativas y obligará a imputar en la base imponible la deducción del deterioro de cartera aplicado en años anteriores, incluso si no se ha registrado una recuperación de la inversión. Ambas medidas tendrán efecto ya en el ejercicio 2016 y desbaratarán los planes de cierre del año de las empresas.

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