PP y PSOE pactan prohibir cortes de luz en casos de pobreza energética
El acuerdo entre PP y PSOE desbloquea el Real Decreto de financiacion pendiente desde hace dos semanas
El PP ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Socialista para dar luz verde al Real Decreto Ley por el que se reformará la Ley del Sector Eléctrico para fijar quién paga el bono social de la tarifa (un descuento del 25% en el recibo de la luz a varios colectivos) y para prohibir los cortes de luz a los consumidores en situación de pobreza extrema. El Tribunal Supremo anuló en octubre la normativa que imponía la obligación de financiarlo a los grupos eléctricos verticalmente integrados (los que desarrollan a su vez las actividades de generación, distribución y comercialización) por considerarla discriminatoria y, por tanto, contraria a la directiva europea sobre energía.
Para subsanar estas deficiencias legales, el Ministerio de Energía propuso a los partidos de la oposición que fuesen solo las comercializadoras las que sufragasen el bono en función de su número de clientes, por lo que el 90% lo costearían las cinco grandes eléctricas de Unesa. Aunque en un principio, el PSOE exigió que lo asumieran las empresas de los tres sectores eléctricos, finalmente, ha aceptado que sean solo las comercializadoras como plantea el Ejecutivo (una solución negociada por el Gobierno con Bruselas y a la que parecen resignadas las eléctricas). A cambio, los socialistas han arrancado al Partido Popular un compromiso, quizás más relevante, para incluir en la Ley Eléctrica la prohibición de cortar la luz a personas en riesgo de exclusión social.
Concretamente, la ley recogerá “un nuevo supuesto de suministro esencial por razón de exclusión social [pobreza energética]”, lo que pondrá fin al conflicto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Entre los servicios esenciales que fija el artículo 52.4 de dicha ley (como hospitales, cárceles, transporte público o determinados organismos públicos) a los que no se puede cortar la electricidad, se añadirá uno más por razón de exclusión.
Incluir en una norma estatal un nuevo supuesto por emergencia social sortearía el problema de la invasión de competencias de las comunidades autónomas, tal como ha ocurrido con las leyes de pobreza energética de Cataluña, ya que el concepto de consumidor vulnerable ya figura en la Ley Eléctrica.
El PSOE se ha apuntado otro tanto: el coste de no cortar la luz lo asumirán a medias las comercializadoras y las administraciones públicas en materia de asistencia social. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se había empecinado en que fuesen solo estos servicios los que pagaran.
Con este principio de acuerdo, el Gobierno podrá aprobar el citado RDL en el Consejo de Ministros del viernes, que se convalidará en el Congreso en el plazo de un mes con el apoyo del PSOE. Aunque en un principio, el ministro Nadal se comprometió a tramitarlo como un proyecto de ley, lo que permitiría un debate e incluir enmiendas de otros partidos, el pacto con los socialistas le ha hecho desistir de dicho trámite. Los otros dos partidos que habían participado en las negociaciones, Podemos y Ciudadanos, han quedado fuera.
La medida relativa a los cortes de luz requerirán de un complicado desarrollo reglamentario (como la definición de pobre energético o las vías para pagar las facturas impagadas), que queda en las manos del Gobierno, el encargado de aprobar el correspondiente real decreto. También queda al albur del Ejecutivo el diseño del nuevo bono social que, según prometió el ministro de Energía, se ligará a la renta de los ciudadanos (ahora lo disfrutan las familias numerosas, las que tienen a todos sus miembros en paro, las pensiones mínimas y los que tienen contratada una potencia inferior a 3 kW).
Según fuentes jurídicas, aunque el RDL se tramitase como proyecto de ley, no garantizaría a la oposición imponer de antemano las condiciones del futuro bono social de la tarifa.
Nadal desoye las peticiones de las eléctricas
La propuesta de RDL del Gobierno modifica los artículos 45 y 66 de la Ley Eléctrica y añade uno más para proteger a los consumidores vulnerables frente a posibles ofertas de las eléctricas que les pudieran hurtar el derecho al bono social. Asimismo, añade una disposición transitoria para aplicar el nuevo modelo de financiación desde que se apruebe la norma hasta que se publique su reglamento. En este caso, el reparto provisional se hará según los datos del mercado minorista de 2014 publicado por la CNMC.
El bono social (que se modificará en un real decreto posterior y se adjudicará en función de la renta)se sigue considerando “una obligación de servicio público”, asumido “por las matrices de las comercializadoras” o por estas solas en el caso de las independientes y afecta tanto a las del mercado libre como a las de referencia con precio regulado.
Fuentes políticas aseguran que el titular de Energía, Álvaro Nadal, no ha aceptado las dos peticiones que han hecho las eléctricas a través de Unesa: que también paguen los grandes consumidores que adquieren la energía directamente en el mercado y que no sean las matrices de las comercializadoras las que lo paguen, sino las filiales, porque de esta manera pueden trasladarlo al precio final. En el caso de las comercializadoras de referencia, será necesario aumentar su margen comercial para que puedan asumir el pago del bono, aseguran fuentes empresariales.
Un cambio que no alterará prácticamente el reparto del pago (ahora, algo menos de 200 millones de euros anuales), pues, aunque hay inscritas más de 200 comercializadoras, las cinco grandes de Unesa, con una cuota de clientes superior al 90%.
Y es que el porcentaje de reparto se hará según la cuota por cuota de clientes y no de ingresos.
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