España dobla a la UE en litigios civiles y mercantiles
El número de litigios admitidos en los juzgados de Primera Instancia civiles y mercantiles en España supera el doble de la media de la Unión Europea, según los datos elaborados por el Consejo General de Economistas (CGE), que alerta del riesgo de saturación de la justicia por la acumulación de estos asuntos.
En el estudio Implicaciones económicas del funcionamiento de la justicia en España, el CGE apunta a los concursos de acreedores como ámbito más afectado, con un tiempo de demora que duplica al de 2012, hecho que contrasta con los continuos retrocesos en el número de insolvencias que acreditan las estadísticas.
Al respecto, el decano presidente del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández, insiste en que, si bien los datos oficiales revelan que la situación no es tan mala, lo cierto es que en los últimos cinco años la duración estimada de estos asuntos se ha multiplicado casi por 1,5, pasando de 28,2 meses en 2011 a 41,6 en 2015.
Un hecho que destapa algunas inconsistencias de la justicia española, cuyas eventuales faltas de eficacia, advierte, limitan el crecimiento de las empresas y por ende, el del propio sistema económico.
“La seguridad jurídica es un factor clave para traer recursos productivos, generar riqueza y crear empleo”, expone en sintonía con el estudio, que propone una simplificación y mayor estabilidad de la normativa, así como evitar lo que califica de profusión legislativa.
Los economistas creen que “es un error” que en España, a diferencia de cuanto sucede en Europa, se tienda a aumentar el número de normas cuando lo realmente efectivo es dotar a la justicia de “más recursos, más medios y servicios comunes”.
Una labor que, en opinión de Fernández, también depende de las carteras de Economía y Hacienda como ya sucede en países como Italia, donde tanto las leyes como los decretos de reactivación económica recogen cualquier modificación en materia judicial.
No obstante, el estudio observa una disminución cada vez más clara en los concursos de acreedores, como refrenda el Consejo General del Poder Judicial que esta semana ha publicado el descenso del 13,3% de los procedimientos registrados en el tercer trimestre del año respecto a 2015.
Frente a ello, explican los expertos, crece el tratamiento de las insolvencias mediante soluciones extrajudiciales como los acuerdos de refinanciación, pero también extraconcursales a través de la mediación, vías fundamentales para aliviar la carga de trabajo de los juzgados mercantiles.
- Más mediación y arbitraje: el reto
A tenor de esta experiencia, consideran prioritario impulsar los sistemas de mediación y arbitraje entre los consumidores quienes, por lo general, recurren a la vía civil y contribuyen a aumentar la brecha en tasa de litigiosidad, que en el caso de España estaría cerca de los 38 asuntos por cada mil habitantes, más del doble de la media europea.
Para Fernández, el Gobierno debería copiar los avances de sus vecinos, y vuelve a señalar a Italia, país que obliga a realizar “premediaciones” en casos de pequeña entidad que podrían colapsar los juzgados.
En estos escenarios, expone, la mediación no se hace sólo porque sea obligatorio, sino porque los ciudadanos se están acostumbrando a la eficacia y la rapidez del proceso, y lamenta la falta tanto de campañas de promoción como de estímulos a los operadores para que acudan a estos procedimientos.
“Estamos mejorando”, asegura Fernández, aunque reconoce que todavía se está por detrás del resto de países europeos, razón por la que destaca la necesidad de un gran pacto que integre a todos los grupos parlamentarios con el fin de hacer de la justicia un elemento imprescindible en las políticas generales del país.
