Los usuarios de la luz pagan 1.400 millones de más desde 2014
La partida de los pagos por capacidad es el doble del coste real
El Ministerio de Energía (antes de Industria) ha venido inflando en los peajes eléctricos de los últimos años la partida correspondiente a los pagos por capacidad, un incentivo que reciben las centrales de ciclo combinado de gas y las de carbón por dos vías:por la inversión realizada (solo afecta a los ciclos, que lo recibían en los 10 primeros años, aunque ha habido un aplazamiento) y por disponibilidad (un coste que se ha derrumbado por el bajo índice de producción de estas plantas debido a la crisis).
Solo en los últimos tres años, los usuarios han pagado 2.880 millones de euros, mientras que dichas instalaciones solo han recibido 1.480 millones. Un cobro de más que el ministerio no ha justificado y que ha podido contribuir al superávit generado en el sistema de unos 1.000 millones entre 2014 y 2016.
Para 2017 la historia se repite: en la propuesta de orden de peajes que Energía mandó hace un par de semanas a la CNMC para su informe, vuelven a figurar unos ingresos por pagos por capacidad de 725 millones de euros (lo que se cobra a los consumidores en la parte regulada de la factura), mientras solo aparecen como costes 390 millones de euros (223 millones por incentivo a la inversión y 167 por disponibilidad). Otro tanto ha ocurrido este mismo año, en el que el ministerio estima un coste de 417 millones de euros y unos ingresos de 722 millones.
Fuentes del sector consideran que esta no es una forma muy ortodoxa de acabar con el déficit tarifario y se extrañan que las asociaciones de consumidores no hayan puesto en cuestión estos sobrecostes sin justificar. “¿Por qué el ministerio consiente en cobrar estas cantidades que no tienen un destino?” se preguntan las mismas fuentes y sospechan “que es una vía de sufragar otras desviaciones”.
En el caso de los pagos por capacidad, un mecanismo que la Unión Europea investiga por considerarlos excesivos y una posible ayuda de Estado encubierta.
Las asociaciones de consumidores no han puesto en cuestión hasta ahora estos sobrecostes sin justificar
Hasta hace tres o cuatro años, estas compensaciones eran más elevadas, pero carece de sentido que se mantengan altas, pues las cantidades que reciben las empresas han bajado mucho. Además, son cantidades prácticamente tasadas y no dependen de variables que puedan alterarlos (los costes reconocidos deben ajustarse), como es el caso de los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares, cuyo importe final depende por ejemplo de los precios de los combustibles.
Cuando en 2014, el ministerio optó por incluir una partida misteriosamente elevada para los pagos por capacidad en los peajes de 2015, muchas empresas creyeron que esta se destinaría a la hibernación de los malhadados ciclo combinados o para ayudar al carbón, que en plena crisis llegaron a funcionar apenas en un 10% de su capacidad. Concretamente, 700 millones, una cantidad muy superior al mismo concepto del año anterior.
En el caso de los peajes de 2017, que tramita la CNMC, si se ajustara a los costes previstos, de 390 millones de euros, las cuentas se saldarían con un deficit de tarifa de más de 300 millones de euros.
Conflicto en la CNMC por la orden de peajes
Como ya ocurrió hace un año, los dictámenes de las propuestas de órdenes de peajes de la luz y del gas para 2017, ha recrudecido el conflicto interno entre la Sala de Compentencia de la CNMC, que encabeza el presidente del organismo, José María Marín, y la de Supervisión, que dirige la vicepresidenta, María Fernández. De nuevo, la de Competencia reclama la potestad de informar ambas órdenes, que corresponderían a la sala de regulación.
El año pasado, el director de promoción de la Competencia, Antonio maudes, brazo derecho de Marín, decidió elaborar por su cuenta sendos informes paralelos a los aprobados por Supervisión sobre las dictadas órdenes y las publicó en una especie de intranet del organismo, lo que desencadenó un conflicto que lejos de amainar se ha encrespado.
A través de una circular, el presidente de la CNMC, quiso dejar claro que la dirección de Maudes sería la encargada de realizar los informes sobre proyectos normativos (IPN), previa consulta a la Dirección de Instrucción, en este caso de Energía, al frente de la cual está Fernando Hernández. Desde Supervisión consideran que son los técnicos de esta área los que están capacitados para dictaminar los peajes.
Marín y Maudes muestran un especial interés en las normas sobre energía y telecomunicaciones.
Sea como fuere, al organismo se le acaba el tiempo para remitir sus informes al Ministerio de Energía, pues los peajes entran en vigor el 1 de enero. Por tanto, deberá aprobarlos esta misma semana, probablemente, el martes. No se descarta que vuelvan a publicarse nuevos informes paralelos, una muestra de la fuerte tensión interna.
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