Tres patronales exigen anular las ayudas formativas de 2014
Las organizaciones empresariales solicitan "la ejecución forzosa" de una sentencia de la Audiencia Nacional de julio pasado que ya anulaba las subvenciones para formar trabajadores
En julio pasado, la sala de lo contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó una sentencia que daba la razón a una demanda presentada por las patronales del metal (Confemetal), de la hostelería y restauración (FEHR) y de la dependencia (FED) y anulaba las subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para los cursos de formación de trabajadores de 2014.
La anulación de esta convocatoria de subvenciones –que afecta a los planes de oferta– por parte de la Audiencia no se produjo, sin embargo, por las quejas de estas patronales, que denunciaban que el SEPE no respetaba el uso finalista de las cotizaciones de formación, sino que los magistrados no entraron en el fondo pero anularon la convocatoria por cuestiones procedimentales.
En concreto, se produjo la anulación por “omisión de un informe preceptivo” que consideraron que debería haber emitido la Comisión Estatal de la Formación para el Empleo del SEP. Según indicaba la sentencia de la Audiencia, “este informe es de carácter preceptivo y debió emitirse previamente a la distribución del presupuesto del sistema de formación profesional para el ejercicio 2014”.
No obstante esta misma sentencia –de la que ahora piden su ejecución– daba la posibilidad a la Administración (al SEPE) de que subsanara el defecto formal, incorporando el informe requerido.
Ante esta posibilidad, los responsables del SEPE convocaron el 2 de noviembre pasado al pleno del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo al que presentó el Informe de la distribución del presupuesto de gastos de formación profesional para el empleo, ejercicio 2014.
Sin embargo las patronales afectadas han rechazado esta subsanación, que califican de “farsa” por tres razones. En su opinión el órgano al que presentaron dicho informe “no era el competente” ya que debía presentarse ante la Comisión Estatal de la Formación para el Empleo, donde los representantes de la patronal y los sindicatos son diferentes personas que en el Consejo donde se presentó el documento.
Seguidamente, las patronales critican que la convocatoria de la reunión se hizo “con un plazo menor al previsto”. Y, en tercer lugar, las asociaciones empresariales indican que el informe entregado recoge “una propuesta presupuestaria que no refleja la financiación real del sistema a la fecha del intento de subsanación”.
Es más, el SEPE presentó también los informes de 2015 y 2016, cuyas convocatorias también han sido recurridas a los tribunales –en este caso por CEOE y sindicatos–. Pero las tres patronales citadas destacan que ninguna de las propuestas de los ejercicios 2014, 2015 o 2016 incluye, por ejemplo, los remanentes no gastados en ejercicios anteriores.
Todo esto lleva a las organizaciones empresariales a asegurar en su solicitud de ejecución de la sentencia que la omisión del informe “no obedece a un error puntual de tramitación como ha defendido el SEPE, sino a un propósito consciente y contumaz de ocultación año tras año a los agentes sociales del uso real de los fondos de formación que el SEPE viene haciendo”.
Ante esta circunstancia, también reclaman al juzgado central de lo contencioso administrativo “la imposición de las multas coercitivas de carácter personal a la persona o personas responsables de la inejecución de la subsanación planteada por la propia Administración”. Y apuntaron que, concretamente, la persona que debe responsabilizarse de la ejecución de la subsanación es la directora general del SEPE, Reyes Zatarain.
Qué ocurre con el dinero de las ayudas
Pero ¿qué ocurre con las ayudas que ya se han cobrado por parte de las organizaciones sindicales, patronales y centros formativos? En el dinero de las subvenciones anuladas asciende a unos 180 millones de euros (incluyendo las ayudas a los jóvenes menores de 30 años también anuladas).
Según el proceso de liquidación de estas subvenciones, los encargados de impartir los cursos ya habrían cobrado a fecha de hoy el 75% de estas cantidades. Por lo tanto, quedaría otro 25%, que supone alrededor de 45 millones de euros, que están en el aire porque la Administración ha paralizado su abono, pese a que los centros ya han gastado este din
Fuentes jurídicas de la Administración aseguran que en ningún caso la anulación de la convocatoria de ayudas implicará que deba devolverse el dinero. Pero, sin embargo, el pago del 25% final que se cobra al término de los cursos sigue paralizado. Desde la patronal Confemetal pedían ayer que el SEPE subsane adecuadamente la situación.
La Defensora del pueblo pide explicacionnes
Las tres patronales que han demandado al SEPE denuncian también que “incluso la Defensora del pueblo se ha pronunciado” sobre la falta de transparencia en la aplicación de fondos formativos.
De hecho, en el texto donde solicitan la ejecución de la sentencia de la Audiencia nacioanl destacan la Defensora del pueblo se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Empleo para que indique, entre otras cosas, “el volumen de remanentes de crédito destinados al sistema de formación profesional para el empleo procedentes de la cuota de formación profesional no gastado en anteriores ejercicios y si ha sido efectivamente aplicado en su totalidad a los ejercicios siguientes”. Y solicita “especial referencia al ejercicio 2016.
Sin embargo, fuentes empresariales se quejaban ayer de que “ni siquiera se han dignado a contestar a la Defensora del pueblo”.
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