La oposición pide al PP que todas las eléctricas paguen el bono social
El Gobierno solo incluye a las comercializadoras en la modificación de la Ley Eléctrica
Semana clave para el futuro del bono social de la tarifa eléctrica, cuya financiación sigue en el limbo después de que el Tribunal Supremo anulara en octubre la obligación de las eléctricas de sufragarlo. Hoy miércoles, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos tiene previsto aprobar el real decreto ley por el que se modificarán varios artículos de la Ley Eléctrica con el fin de adaptarla al fallo del Alto Tribunal y que podría recibir luz verde en el Consejo de Ministros del viernes.
Sin embargo, el Grupo Popular está obligado a consensuar con el resto de partidos su propuesta de RDL, a la que ha tenido acceso CincoDías, si quiere convalidarlo por vía de urgencia y salvar así el vacío en la financiación del bono. Una vez convalidado, este se tramitaría como proyecto de ley. Sin embargo, frente a la propuesta del Ministerio de Energía de que sean solo las comercializadoras eléctricas las que financien ese descuento en la factura de la luz para determinados colectivos, el PSOE y Podemos quieren que esta obligación se extienda a todo el sector: además de las comercializadoras, a las distribuidoras, generadoras y el transportista (REE).
Como llueve sobre mojado, pues es la segunda vez que el Supremó tumba la financiación del bono alegando discriminación (hasta 2012 lo pagaban las cinco grandes eléctricas y desde 2013, los grupos que desarrollaran al mismo tiempo actividades de distribución, generación y comercialización, esto es, las grandes y una veintena de pequeñísimas compañías), los partidos de la oposición consideran que la única manera de evitar que el Supremo vuelva a dar la razón a las afectadas y que los consumidores vuelvan a pagar el pato, es ampliar la obligación a todos los operadores. Esto incluiría a las renovables, como generadoras, y a REE, exluida hasta ahora.
La propuesta de RDL del PP, de apenas tres folios, modifica los artículos 45 y 66 de la Ley Eléctrica; añade uno más para proteger a los consumidores vulnerables frente a ofertas de las eléctricas que le pudieran arrebatar el derecho al bono social, así como una disposición transitoria para aplicar la nueva financiación desde el momento de la aprobación de la norma hasta que se aprube el correspondiente desarrollo reglamentario. El reparto provisional se hará según los datos del mercado minorista de 2014 publicado por la CNMC.
El bono se seguirá considerando “una obligación de servicio público”, que será asumido “por las matrices de las comercializadoras” o por estas solas en el caso de las independientes. La medida afecta tanto a las del mercado libre como a las de referencia con precio regulado. Un cambio que no alterará prácticamente el reparto del pago (algo menos de 200 millones de euros anuales), pues, aunque hay inscritas más de 200 comercializadoras, las cinco grandes de Unesa, con una cuota de clientes superior al 90% en ambos mercados.
El porcentaje de reparto se haría por cuota de clientes y no de ingresos. Y, aunque el Gobierno cree que así se protege frente a otro fallo desfavorable del Supremo (“que está harto de que no se respeten sus sentencias”, según fuentes del sector), lo cierto es que también en el sistema que acaba de anular, el reparto se hacía clientes y puntos de suministro.
Proyecto de ley
Si el Gobierno logra el apoyo de los grupos de la oposición para sacar adelante el RDL de reforma de la Ley Eléctrica que le permita endosar la financiación del bono social a las comercializadoras, este se tramitaría después como proyecto de ley con el que se abriría un debate parlamentario más amplio sobre quiénes serán sus beneficiarios y sobre la protección de los ciudadanos en situación de pobreza extrema. Según promesa del ministro de Energía, Álvaro Nadal, el bono se otorgará en función de la renta.
Podemos, que también quiere que su financiación corra a cargo de todas las empresas del sector, considera igual de urgente resolver el problema de los cortes de suministro. En este caso, para desenredar la madeja de las competencias entre administraciones, aceptaría un cambio en la ley para proteger al consumidor vulnerable. En la formación morada creen que es insuficiente la propuesta del PP de aprobar un código buenas prácticas para que las eléctricas no trasvasen al mercado libre a usuarios con derecho al bono, y se muestran más partidarios de la prohibición.
Según Podemos, el Gobierno se niega a incluir a las empresas reguladas porque ello haría incrementar la tarifa y en el caso de las renovables, porque habría que cambiar los parámetros de retribución. En este sector hay quien insiste en que un sistema razonable y justificable ante el Supremo sería imponer la financiación a los operadores principales o dominantes, una figura legal que engloba a las grandes del sector.
El PSOE quiere impedir por ley los cortes en caso de pobreza
Además de pedir que todas las actividades eléctricas contribuyan con el bono social, el Grupo Socialista quiere aprovechar la convalidación de la propuesta de RDL del PP, para incluir en la Ley Eléctrica “un nuevo supuesto de suministro esencial por razón de exclusión social [pobreza energética]”. Entre los servicios esenciales que fija el artículo 52.4 de dicha ley (como hospitales, transporte público o determinados organismos públicos) a los que no se puede cortar la electricidad, figura uno que afecta a personas individuales: aquellos enfermos sometidos a tratamientos médicos en su domicilio “indispensables para mantener su vida” que requieran de alimentación eléctrica.
Según fuentes próximas al PSOE, incluir en una norma estatal un nuevo supuesto por emergencia social protegería a los ciudadanos en situación de pobreza extrema de los cortes de luz y se sortearía el problema de la invasión de competencias de las comunidades autónomas, tal como ha ocurrido con las leyes de pobreza energética de Cataluña, ya que el concepto de consumidor vulnerable ya figura en la Ley Eléctrica. Una vez añadido este supuesto, su aplicación podría reglamentarse de distintas maneras, con la participación o no de ayuntamientos o comunidades autónomas.
Está por ver si el PP aceptará ambas condiciones; una de ellas o ninguna. En este último caso, el PSOE no parece dispuesto a apoyar la convalidación del RDL sobre el bono social diseñado por los populares y esperaría a su tramitación como proyecto de ley.
El titular de Energía, Álvaro Nadal, no quiere abrir un nuevo enfrentamiento con las renovables obligándolas a soportar el bono social y se empeña en favorecer a REE dejándola también al margen.
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