La tasa a las bebidas con azúcar hace temblar al sector de las bebidas
Las empresas de tabaco y bebidas muestran su incertidumbre ante la subida de impuestos
Crónica de un impuesto anunciado. El anuncio del Reino Unido de gravar las bebidas azucaradas a partir de 2018 hizo temer al sector a nivel mundial que pudiera establecerse en nuevos mercados. Y así ha sido. El próximo y más inminente será previsiblemente España, donde se espera que mañana se anuncie el gravamen a este tipo de productos.
Coca-Cola European Partners advirtió del riesgo de la tasa al azúcar en su salida a Bolsa
Era tal la preocupación, que incluso Coca-Cola European Partners, la gran embotelladora europea de Coca-Cola, advertía en su escrito de salida a Bolsa de antes del verano de los riesgos que podría tener la tasa británica. Así, señalaba que el incremento de la preocupación social por el consumo de azúcar podría llevar a un incremento de costes y descenso del consumo.
En España es la segunda noticia en este sentido en apenas tres semanas. Hace unos días fue Cataluña la que aprobó una tasa que afectaba a las bebidas azucaradas que gravaba con ocho céntimos por litro, para las bebidas con entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros, y 12 céntimos para las de mayor contenido de azúcar. La tasa que anuncie hoy el Gobierno dejaría previsiblemente sin efecto el gravamen catalán. Queda por conocerse todavía la letra pequeña de la estructura del impuesto que se aplique a nivel nacional.
Recomendación de la OMS
La industria del tabaco espera a la letra pequeña del impuesto
Las empresas tabaqueras prefieren esperar a hoy, cuando se conozca el detalle de la nueva estructura impositiva del tabaco, para hacer una valoración sobre el impacto en la industria. La palabra incertidumbre se repite como tónica general. Si bien, parece seguro que lo que se va a llevar a cabo es la sustitución del sistema conocido como doble mínimo que grava de manera especial a las cajetillas de cigarrillos de precios más bajos. Esta normativa cuenta con el rechazo frontal por parte de la Unión Europea que exige su eliminación.
El temor en los distintos puntos del sector es que el aumento de los impuestos, que suponen el 80% del precio final de la cajetilla, conlleve un aumento de de los importes. De esta forma, en anteriores subidas de impuestos, como la vivida en 2010, se ha visto con preocupación el trasvase del consumo hacia el comercio ilícito de tabaco.Por ejemplo en el citado incremento el consumo ilegal casi triplicó su tasa sobre el total. Por ello, aunque la industria apuesta por un mantenimiento, se confía en que la subida sea moderada.
La recaudación desde 2010, su punto álgido con 7.423 millones, se ha reducido drásticamente hasta que en el pasado ejercicio se quedó en 6.580 millones. En lo que va de año se ha visto un ligero repunte.
El surgir de esta tasa, que ya se aplica en algunos países como Francia, México o algunas zonas de EE UU, está ligada a una creciente preocupación en el mundo occidental ante el auge imparable de la obesidad, en especial la infantil. Con ello, se ha considerado por parte de distintas organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS) que una subida de precio a través de un aumento de los impuestos desincentivaría el consumo. De hecho, la organización internacional emitió una recomendación hace apenas dos meses en la que solicitaba a los Estados que implementasen esta iniciativa.
Sin embargo, esta iniciativa ha levantado recelos en el sector que duda del supuesto beneficio para la salud y consideran que además pondría en riesgo la recuperación del consumo. En esta línea se ha movido Anfabra, la patronal española de las bebidas refrescantes, quien consideró tras conocerse la tasa nacional que supone “un obstáculo” para la recuperación del consumo. Además, se defiende que afecta especialmente a las clases con menos recursos.
“Sorpresa e incredulidad”
Jordi Puxeu, director general de la patronal, asegura que se ha recibido con “sorpresa e incredulidad” la noticia que, según señala, recibieron a través de los medios después de que CincoDías avanzara las intenciones de Hacienda. El directivo lamentó que en este periodo “no ha habido interlocución” en materia fiscal con el Gobierno, mientras que sí se han mantenido reuniones con Sanidad en materia de reformulación de los productos o de cambios de etiquetado. Mostró ayer su confianza en que no termine llegando al consejo de ministros.
La creciente preocupación social y el anuncio de algunos países de comenzar a gravar estos productos ha llevado a las empresas a tomar medidas como la reducción de las tasas de azúcar o el lanzamiento de los productos zero. Es lo que ha ocurrido por ejemplo en el Reino Unido. Allí Tesco, el principal grupo de distribución, se adelantó al inicio de aplicación de la tasa británica con el anuncio de una reducción en su marca blanca del azúcar hasta situarlo por debajo de los 5 gramos.
En el caso de España, Anfabra asegura que ha reducido en los últimos 10 años una reducción del 23% en la tasa de azúcar de sus bebidas. En esta asociación se encuentran las principales compañías afectadas: Coca-Cola, PepsiCo o Schweppes Suntory.
Así, por ejemplo, Coca-Cola ha optado por impulsar sus productos sin azúcar. “Todas nuestras referencias tienen su alternativa zero”, explicaba hace semanas Marcos de Quinto, vicepresidente mundial de la empresa. Su competidor, PepsiCo, asegura que ha reducido en un 19% el nivel de azúcar en la última década y hasta el 30% en el caso de Kas.
Los remolacheros aseguran que la eficacia del impuesto no está demostrada
La creación de la tasa a las bebidas azucaradas coincide con el anuncio de un aumento en el gravamen a las bebidas espirituosas y un sector que ve con preocupación la coincidencia de ambos es el de la hostelería. Emilio Gallego es el secretario general de la FEHR, la patronal de esta actividad, y defiende que “no es positivo para nadie” la subida de los impuestos.
La hostelería y el ocio fuera del hogar han sufrido durante siete años la caída de consumo y no fue hasta el año pasado que se logró el primer crecimiento. Por ello, Gallego ve ahora con preocupación que se vuelva a hablar de impuestos al consumo. “El statu quo fiscal era lo más positivo para el sector, ya que ahora está creciendo y creando empleo”, señala el directivo. “Tendrá un efecto en el crecimiento y llevará a las empresas a ajustar sus resultados”, avanza.
Gallego se muestra además soprendido por la evolución que había tenido el Ejecutivo en los últimos años. El directivo reconoce que el Gobieno “siempre ha tenido claro” el impacto negativo de los impuestos en el consumo frente a las presiones de Bruselas por incrementar tasas como el IVA.
Prácticamente todas las patornales de consumo se han mostrado contrarias a la iniciativa. También el sector primario. Las organizaciones agrarias que representan a los recolectores de remolacha emitieron ayer un comunicado señalando que la medida llega en un momento delicado por el fin de las cuotas europeas y defendieron la presencia del azúcar en una dieta equilibrada. Así aseguraron que su eficacia no está demostrada.
Las espirituosas creen que se perderá la senda de crecimiento
“La subida de impuestos es netamente negativa”. Con esta rotundidad respondió ayer Bosco Torremocha, director general de la Federación de Bebidas Espirituosas (Febe) a la previsible subida del impuesto a estos productos. En su opinión, el impacto sobre el déficit va a ser mínimo mientras que el efecto sobre el negocio puede ser drástico.
En este sentido, el representante de las bebidas alcohólicas en España (fuera quedan el vino y la cerveza), se muestra preocupado. “Naturalmente, el aumento de los impuestos va a afectar a la recuperación económica del sector”, asegura y se muestra esperanzado con que haya opción todavía de que no entre en el consejo de ministros de este viernes. “El Gobierno tiene que ser sensible con el consumo”, señala Torremocha.
El directivo advierte además del efecto negativo para la recaudación de las arcas públicas. “Desde 2005 ha aumentado la tasa impositiva en 22 puntos pero en recaudación estamos por debajo del año 2000”, argumentó. De esta forma, tanto Febe como otras patronales del sector se reunieron la semana pasada para exigir al Ejecutivo una statu quo en materia impositiva. “Con la recuperación que está viviendo el consumo tras varios años de caída, manteniendo la misma tasa de impuestos se habría logrado un aumento en la recaudación. Con una nueva subida ahora se puede provocar que se reduzca de nuevo”, argumentó. En la última subida, en 2013, el directivo asegura que se elevó el gravamen en un 10% y que provocó pérdidas de 68 millones para el sector, muy ligado a la evolución del consumo.
Aunque reconoce que la subida de estos impuestos era una de las “posibilidades” que manejaba el Gobierno, Torremocha lamentó que no se haya dialogado lo suficiente con el sector. “No se nos había trasladado que iba a entrar finalmente esta tasa”, señaló.
Un impacto irregular en los países en los que se ha aplicado
La tasa para las bebidas azucaradas no tiene una implantación global, ni tan siquiera hay unanimidad a nivel europeo, aunque sí se ve un creciente interés por parte de las economías más desarrolladas por incluir este impuesto como una de las herramientas para luchar contra el crecimiento de la obesidad.
Entre las principales economías de Europa, España llega a esta tasa con la experiencia en la mano de su país vecino, Francia, donde está instaurado desde 2012. Con más tiempo avisaron Reino Unido e Irlanda, que lo tienen previsto para 2018. Sin embargo, el resultado ha llevado incluso a algunos países a descartar su inclusión.
México
Se trata de uno de los países con mayor incidencia de obesidad infantil y por tanto uno de los primeros en tomar la decisión de incluir esta tasa. En 2013, el Gobierno federal anunció un gravamen del 10% del precio. Tras un primer momento en que las ventas se redujeron, apenas dos años después estas volvieron a crecer. Además, un estudio del Instituto Tecnológico de México (ITAM) señalaba que un año después la tasa de obesidad había crecido un 1%. Por otro lado, la secretaría de finanzas públicas del Gobierno mexicano reconoció que la recaudación en el segundo año a través de este impuesto había aumentado, cuando en el caso de haber funcionado como herramienta de salud, debería haber descendido por la caída de ventas de estos productos..
Francia
En 2012 el Gobierno de François Fillon, recientemente elegido como candidato de la derecha para las elecciones de 2017, instauró poco antes de dejar el Ejecutivo un impuesto conocido como la taxe soda. Esta tasa suponía gravar con 7,53 euros por hectolitro, traduciéndose por ejemplo en 2,51 céntimos por lata de refresco. Cuatro años después, el resultado no está claro. Si bien en un primer momento el consumo se redujo de manera relevante, el hecho de coincidir con un periodo de crisis de consumo hacía difícil desligar el impacto de la recesión del de la concienciación frente al consumo de estas bebidas. Sin embargo, algunas voces en el país han planteado la posibilidad de incrementarlo todavía más. Según la patronal del país, ha afectado especialmente a los hogares de menor renta.
Estados Unidos
Coincidiendo con la elección de Donald Trump algunas ciudades como San Francisco votaron a favor de crear una tasa a las bebidas con azúcar. Pocos días después se apuntó Chicago. Ambas ciudades se unen a otras urbes y Estados que lo han implantado, aunque a nivel federal parece complicado que se instaure. En ciudades como Berkeley se ha apreciado, según algunos estudios, un descenso de en torno al 20% en las ventas entre las clases bajas.
Reino Unido
La media de gravar las bebidas azucaradas en Reino Unido fue anunciada por el anterior ministro de Hacienda, George Osborne, en marzo. Pese a que es el ejemplo que se pone normalmente como aplicación de esta medida, no entrará en vigor hasta 2018, siempre y cuando el Gobierno de Theresa May mantenga esos planes. Cuenta con el rechazo frontal de las grandes marcas como Coca-Cola o PepsiCo, así como de instituciones como el think tank liberal Institute of Economic Affairs.
Dinamarca
El caso de Dinamarca es relevante por el hecho de haber retirado el impuesto antes de haber llegado a aplicarlo. El Gobierno sí aplicaba una tasa a los alimentos con grasa, pero finalmente decidió retirarlo por considerar que había provocado el incremento de precios de los alimentos y la puesta en riesgo de puestos de trabajo.