Editorial

Una receta para cuadrar el déficit

La mejor solución para sanear las cuentas es una economía sólida

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Efe

El plan de choque puesto en marcha por el entonces aún Gobierno en funciones para reducir el déficit fiscal y evitar terminar el año con unos abultados números rojos ha dado resultados. España cerró el mes de octubre con un desfase del 1,94% del PIB frente al 2,04% registrado el año anterior, gracias a la recuperación del pago fraccionado mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, que ha permitido incrementar la recaudación total por este tributo un 12%, hasta superar los 19.000 millones de euros. La medida ha supuesto fijar un gravamen del 23% sobre el resultado contable de las compañías con el fin de recaudar 8.300 millones adicionales en los pagos de octubre y diciembre. A ello hay que sumar que las buenas perspectivas recaudatorias se extienden también al IRPF, cuya evolución se está acercando a la del año anterior, y también a los ingresos por IVA, que en los diez primeros meses del año ha recaudado ya un 4,6% más que en 2015, hasta superar los 56.000 millones de euros.

Con el repunte obtenido en Sociedades, España está en condiciones de poder cumplir con el objetivo de déficit fiscal fijado por Bruselas, finalmente del 4,6%, tras haber suavizado la cifra inicial, que era del 3,6%. El problema se centra ahora en cuadrar las cifras del año 2017, cuyo objetivo fiscal es del 3,1%, lo que hace obligado elevar aún más los ingresos para cubrir un ajuste de unos 5.000 millones de euros. Para lograrlo, Hacienda prepara un real decreto que limite los beneficios fiscales en la tributación de sociedades y estudia la posibilidad de elevar los impuestos especiales, como es el caso de los que gravan el alcohol, el tabaco o los hidrocarburos.

No hay duda de la necesidad de aumentar los ingresos para hacer frente a las exigencias de consolidación fiscal que España debe cumplir con Bruselas. Esa obligación implica un aumento de la presión fiscal, que puede recaer sobre el consumo y el ahorro –en el caso de elegir gravar más las rentas del trabajo y en el IVA– o sobre los beneficios empresariales y la inversión, en caso de que repercuta en Sociedades. La decisión del Gobierno de apostar por esta última vía y recuperar el pago mínimo del impuesto a partir de octubre ha sido exitosa en términos de recaudación, pero supone un lastre para las compañías, obligadas a actuar como fuentes de financiación del sector público. Aunque los pagos adelantados en Sociedades son regularizados posteriormente, la medida aprobada por el Gobierno no tiene una fecha concreta de caducidad. Precisamente por ello, y más allá de la necesidad de adoptar medidas de choque como esta, la mejor solución para sanear las cuentas públicas es una política económica sólida que impulse el crecimiento y un control eficiente de los gastos prescindibles.

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