El Gobierno remacha que no considera a Andorra un paraíso fiscal tras la polémica con Cataluña
El Parlamento de Cataluña tildaba a Andorra de territorio offshore
El Gobierno no considera a Andorra un paraíso fiscal “a los efectos internos e internacionales procedentes”, tras mostrar el Principado su malestar a España por la aprobación en el Parlamento de Cataluña de dos propuestas de resolución en las que se dice que es un paraíso fiscal.
El Gobierno y las instituciones andorranas mostraron el pasado día 18 su malestar con el Parlamento catalán por el contenido de estas iniciativas, aprobadas el 18 de octubre, en el debate de política general.
Fuentes diplomáticas han indicado a Efe que, en virtud del acuerdo con España de intercambio de información en materia fiscal y del convenio para evitar la doble imposición, así como de los convenios suscritos entre Andorra y la UE y en el marco de la OCDE, “España no considera al Principado paraíso fiscal, a los efectos internos e internacionales procedentes”.
El Gobierno ha hecho pública esta posición después de que ayer el Ejecutivo pirenaico emitiera un comunicado en el que anunciaba que había enviado una nota verbal a España -una al embajador y otra al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis- en relación con esas dos resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña.
Andorra lamenta el contenido de las resoluciones porque afirma que “no se corresponden con la realidad del Principado” respecto a los compromisos adquiridos con la comunidad internacional a favor de la transparencia y la cooperación en materia fiscal, ni respecto de la situación bilateral en este mismo asunto.
Desde 2009, explica el Ejecutivo andorrano, el Principado intercambia información fiscal a demanda con los países con los que ha firmado un convenio, entre los que se encuentra España.
Andorra también asegura que implementará el intercambio automático de información fiscal en el ámbito de la OCDE y la UE en 2018 con datos del ejercicio de 2017.
El Principado también recuerda que, con la introducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas en 2015, va a culminar la instauración de un sistema fiscal homologable que grava todas las rentas (de personas físicas y jurídicas) siguiendo los estándares internacionales, lo que le ha permitido firmar varios convenios de doble imposición, entre los que también está España, además de otros países de la UE como Francia o Portugal.
La primera de las resoluciones aprobada por el Parlament señala que la Cámara catalana se compromete a prohibir la entrega de galardones y distinciones deportivas y culturales a personas que lleven a cabo la mayor parte de su actividad en Cataluña, pero tengan su domicilio en países considerados paraísos fiscales por la UE, en Andorra o Mónaco.
La segunda resolución -las dos fueron propuestas por la CUP- insta al Gobierno catalán a introducir en los pliegos de cláusulas un mecanismo para exigir a los licitadores, los adjudicatarios y los subcontratistas que “cumplan rigurosamente la legislación tributaria”.
Específicamente, se exigirá a los licitadores “que no realicen operaciones financieras contrarias a la normativa tributaria en países que no tienen normas sobre control de capitales y son considerados paraísos fiscales por la UE, en Andorra y Mónaco”.
Ante estos acuerdos, el Gobierno andorrano ha mostrado su malestar y ha recordado que las instituciones internacionales de alto rango, como la OCDE y la Unión Europea, además del Gobierno español, hace tiempo que han eliminado a Andorra de la lista negra al entender que cumple los estándares y normas internacionales en materia de transparencia y cumplimiento fiscal.