Gobierno y oposición quieren que el sector eléctrico pague el bono de la luz

El ministro de Energía quiere ampliar la obligación a todas las comercializadoras para evitar discriminación, aunque la sentencia del Supremo alude a todos los operadores del sector

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha escenificado hoy en el Congreso la imagen que su Gobierno quiere dar en esta legislatura:la búsqueda de consensos con el resto de partidos, en este caso, para abordar la reforma de la Ley Eléctrica en lo que al bono social se refiere y establecer mecanismos para proteger a los ciudadanos en extrema pobreza evitando los cortes de luz. El pacto resulta inevitable pues los cambios deben incluirse en un real decreto ley y de nada le servirá someterla a su aprobación sin un pacto previo.

 En una reunión con los portavoces de energía de todos los grupos políticos, Nadal, quien reconoció la necesidad de diálogo de un Gobierno en minoría, planteó como asunto más acuciante la financiación del bono social, tras la sentencia del Tribunal Supremo anulando la obligación de que solo lo paguen los grupos verticalmente integrados que desarrollan al tiempo las actividades de distribución, generación o comercialización.

En principio, el ministro plantea ampliar esta obligación al resto de comercializadoras independientes (hay unas 200 en España, pero solo suponen un 6% del mercado, pues el grueso lo copan las grandes eléctricas) lo que, en su opinión, subsanaría la discriminación a la que alude el fallo del Supremoación. Sin embargo, este apela a todas las empresas del sector: generadoras, distribuidoras y comercializadoras y transportistas, como es el caso de REE. Al parecer, Nadal quiere eximir a esta empresa y a las renovables, con las que no quiere más conflictos.

Sea como sea, y aunque hubo acuerdo en que el sector pague, Nadal se ha comprometido a enviar a los partidos un borrador de real decreto con su propuesta sobre el bono social que estará ligado a la renta, aunque no ha dado detalles. Al bono tienen ahora derecho las familias numerosas; las que tienen todos los miembros en paro; pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kW.

Álvaro Nadal no quiere que las empresas renovables paguen el bono para evitar más problemas con ellas

Aunque Podemos prefiere una tarifa social en lugar del bono (este se traduce en un descuento del 25%), Nadal lo rechaza argumentando que va contra la normativa comunitaria. Aquel partido plantea el principio de precaución para evitar cortes y, como el resto de formaciones, que el bono no lo paguen los usuarios.

La segunda gran cuestión que se puso encima de la mesa es la protección de los consumidores en situación de pobreza extrema. En este punto, el ministerio pedirá a la CNMC una definición de pobre y un cálculo de cuántos puede haber, y buscará vías para sufragar el recibo de quienes no pueden pagar a través de un fondo similar al del bono cofinanciado por las comunidades autónomas, ayuntamientos y Asuntos Sociales.

Tras “poner en valor” la ley de pobreza energética catalana”, Nadal quiere compartir esta responsabilidad con estas administraciones y llamó a ser “extremadamente respetuoso” con las competencias autonómicas y locales.

Ante esta posición, los nacionalistas catalanes respondieron con ironía y recelos. Así, Carles Campuzano llegó a calificar de “inquietante” que “alguien del PP sea tan autonomista”. “¿Qué es más urgente, el respeto competencial o que hace fresco?”, se preguntó Joan Capdevila, de Esquerra, después de que el ministro rechazara pronunciarse sobre la llamada tregua de invierno solicitada por los partidos para evitar que se le corte la luz a las personas vulnerables, al menos, en el invierno.

Para Pilar Lucio, la portavoz socialista presente en la reunión, “el problema de la pobreza energética es mucho mayor que el bono social”, y rechazó el intento de trasladar la responsabilidad competencial a otras administraciones. “Si las comunidades y los ayuntamientos han tomado medidas ha sido precisamente por la inacción del Gobierno”, subrayó.

El martes se presentará una moción derivada de la interpelación de Pablo Iglesias a Nadal el pasado miércoles. Entonces podrá atisbarse qué posibilidades hay de consenso.

Las eléctricas no podrán trasvasar al mercado libre al que tenga bono

Entre las medidas planteadas ayer en el primer encuentro entre el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y los grupos políticos para buscar una solución urgente a la financiación del bono social y aplicar medidas contra la pobreza energética, figura la persecución de “prácticas fraudulentas”. Por ejemplo, la de impedir que las comercializadoras trasvasen al mercado libre a los consumidores con derecho al bono social, ya que solo pueden ejercerlo si mantienen el precio de venta al pequeño consumidor (PVPC) al que suministran las comercializadoras de referencia. Este trasvase ha hecho que el número de usuarios con bono haya ido descendiendo en los últimos años, pese a la crisis. De hecho, la anciana de Reus que falleció recientemente al incendiarse la vela con la que se alumbraba tras serle cortada la luz, tenía un contrato en el mercado liberalizado que había firmado con la comercializadora libre de Gas Natural Fenosa

Está por ver si esta medida, que las eléctricas no ven con buenos ojos, se sustancia en una prohibición o figurará “en códigos de buenas prácticas”, que el Gobierno quiere aprobar.

Por el momento, el Gobierno quiere evitar que la deuda del bono engorde y la paguen los usuarios. Estos no se librarán de pagar los 500 millones de indemnización que el Supremo pide que se dé a las eléctricas. Aunque la idea de Nadal es llevar la sentencia al Constitucional, fuentes jurídicas le atribuyen pocas posibilidades de que prospere. Pero ganará tiempo.

Respecto a que todas las comercializadoras paguen, si los partidos de la oposición aceptan un argumento tan débil, “estarán socializando un nuevo error que puede llevar a un tercer fallo del Supremo en favor de las eléctricas”, aseguran las mismas fuentes.