Aena prevé un impacto de 2.000 millones si baja tarifas un 2%
La decisión está en manos de Aviación Civil e irá a Consejo de Ministros
Aena sigue sin tarifas aeroportuarias para el ejercicio 2017, a poco más de un mes para la conclusión del año. El asunto debe pasar por Consejo de Ministros y la decisión final podría impactar seriamente en las cuentas de compañía pública. La última palabra la tiene la Dirección General de Aviación Civil, tras las negociaciones entre Aena y sus clientes, las aerolíneas, y la opinión no vinculante de la CNMC. Tanto las firmas aéreas como el regulador han defendido rebajas en torno al 2% respecto a los precios de 2016, cuando ya entró en juego un recorte tarifario del 1,9% generando un impacto de 30,7 millones. La compañía que preside José Manuel Vargas, por su parte, defiende la congelación, que es la posición de máximos que le permite la actual regulación.
La dirección de Aena ha hecho cálculos y estima que cada punto porcentual de rebaja supondrá 25 millones en pérdida de ingresos en la que es su principal fuente de facturación (1.959 millones en ingresos aeronáuticos al cierre del tercer trimestre, frente a 626 millones en ventas comerciales). El pretendido recorte del 2% por parte del sector aéreo tendría un impacto anual de 50 millones que se acumularía a lo largo de diez años en función de la promesa del Gobierno de que no habrá subidas durante ese periodo sobre las tarifas aprobadas para 2017.
El primer plazo de cinco años con tarifas reguladas para Aena se saldaría con 750 millones de pérdida en los ingresos, a los que se sumarían otros 1.250 millones a lo largo del segundo quinquenio tarifario al que alcanza el compromiso establecido por la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor.
El operador estima un recorte de 25 millones en ingresos por cada punto de bajada
De forma paralela, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), establece un techo de 400 millones en las inversiones de Aena por ejercicio. El Consejo de Ministros aprobó el nuevo marco de regulación y supervisión aeroportuaria en julio de 2014 para “garantizar la calidad del servicio, y el mantenimiento de la red de aeropuertos españoles, así como favorecer el desarrollo económico y la competitividad del sector aéreo mediante la congelación de las tasas hasta el año 2025”, se explicó entonces desde Fomento. El año de partida del DORA es 2017.
Entre las filas de Aena no se entiende la corriente que aboga por un abaratamiento de las tarifas mientras suben, por ejemplo, los precios de las reservas hoteleras o se recuperan los de los restaurantes en las ciudades más turísticas del país. Mientras las aerolíneas afirman que parte de su supervivencia depende de la competitividad de las tarifas aeroportuarias, a las que deben aproximadamente un tercio de sus costes, la CNMC cree que Aena ha contabilizado a la baja las expectativas de pasajeros a medio plazo a la hora de rechazar rebajas.
El debate se da con Aena marcando récord en beneficios (944 millones a septiembre frente a los 639 millones de un año antes) y pasajeros. La dirección también respalda la apertura de nuevo al capital privado, superando el 49% actual, para perder la condición de empresa pública y empezar a operar con criterios comerciales, abriéndose al crecimiento en el exterior. La petición, que no triunfó con Pastor, empieza a tener adeptos en la cúpula del Ministerio de Fomento.
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