La falta de Gobierno atasca el plan tarifario para Aena
El operador deberá recurrir a la Abogacía del Estado para decidir sobre las tasas de 2017
Aena está sin marco tarifario a la vista para el próximo ejercicio, y la falta de Gobierno genera incertidumbre al respecto entre los clientes del operador y sus inversores como cotizada. El Ministerio de Fomento, así como el operador de los aeropuertos españoles y las decenas de aerolíneas con operaciones en ellos, tenían fijado este viernes 30 de septiembre como fecha en la que se aprobaría el primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2017-2021. Fuentes solventes aseguran que el asunto “no será ni puede ser tratado por el Gobierno en funciones en un Consejo de Ministros al tratarse de una programación plurianual que afecta a una empresa pública”.
El DORA fue una de las principales reformas de la ministra Ana Pastor en lo que toca al transporte, junto al proceso de liberalización del ferrocarril de pasajeros y la entrada de capital privado (hasta el 49%) en la propia Aena. Por primera vez en España se fija una política tarifaria a cinco años en los aeropuertos y, tras una dura batalla con las aerolíneas en 2012, por subidas en los precios que pagan en sus operaciones, se marcaba como techo máximo la congelación de tarifas.
Aena preparó la propuesta inicial del DORA hasta noviembre de 2015; el documento pasó en diciembre del año pasado por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la CNMC, y fue sometido a consulta por parte de las aerolíneas. Es la propuesta final de la DGAC la que debía pasar por Consejo de Ministros para su aprobación. La entrada en vigor está fechada el próximo 1 de enero y la aplicación de las nuevas tarifas, que deben arrancar con congelación sobre unos precios que ya bajaron en 2016, se aplicarán a partir del 1 de marzo.
Ante esta situación excepcional, Aena va a elevar consulta a la Abogacía del Estado en busca de una línea de actuación. Las fuentes consultadas comentan que, a falta de DORA, lo lógico sería mantener las tarifas de 2016 para el próximo ejercicio.
El DORA debe entrar en vigor el 1 de enero y aplicarse el 1 de marzo
Fue la disposición transitoria sexta de la Ley 18/2014 la que limitó a un 0% el incremento máximo de las cuantías de las tarifas aeroportuarias hasta el año 2025, más allá incluso de la vigencia de los primeros cinco años de aplicación del citado DORA.
Fomento explicaba en el verano de 2014 que el nuevo marco regulatorio era “de carácter estable, adaptado a la regulación comunitaria y al entorno europeo”. Y añadía que el impedimento a que las tarifas suban durante al menos diez años tendría “un efecto muy positivo para la competitividad de las compañías aéreas” que utilizan los aeropuertos españoles.
- Cortapisas
El Estado, a través de Enaire, es primer accionista de Aena con el 51%, lo que hace que la situación política afecte de lleno a los planes, e incluso al día a día, de la sexta empresa del Ibex por capitalización bursátil.
Aena mostró meses atrás interés por dar pasos en el exterior haciéndose, por ejemplo, con la gestión del aeropuerto cubano de La Habana. Pero un movimiento de ese calado alteraría su perímetro y, por tanto, debe ser aprobado en Consejo de Ministros. Finalmente, esa plaza en el Caribe ha ido a manos de la francesa ADP.
La dirección de la compañía tiene ahora estancado el citado asunto tarifario. Y la propia dicotomía de ser una sociedad estatal cotizada hizo que a primeros de este año el consejo de Aena consultara a la Abogacía del Estado para determinar si sobre sus actuaciones prima el Derecho privado o la normativa reguladora del sector público.
El informe jurídico, fechado el 15 de febrero, dejó sentado que Aena debe regirse mediante regulación del sector público por mucho que tenga accionistas privados. En este sentido, el partícipe público de control y, por extensión, los consejeros que la representan están cubiertos para tomar medidas que favorezcan los intereses del Estado aunque vayan en ocasiones contra el patrimonio o la estrategia de la empresa.
Fomento: “Afrontar la RPA no es indemnizar”
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones, Julio Gómez Pomar, señaló ayer que el sistema de responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) es de “un pago neto por el valor de la infraestructura y no una indemnización”. Uno de los últimos casos en los que se podría aplicar la RPA afecta a la escisión de concesión de las radiales de peaje madrileñas R-3 y R-5.
Fomento está a la espera de que en las próximas horas el juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid decida si acepta la propuesta de Fomento de concederles una ampliación de 9 meses de plazo para asumir la explotación de ambas carreteras en quiebra y evitar con ello la liquidación de las mismas, fijada para el próximo 1 de octubre. En caso de que el juez no amplíe el plazo el Estado tendría que activar el mecanismo RPA.
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