Editorial

Amnistía fiscal y seguridad jurídica

El ministro de Hacienda anunció ayer por sorpresa que comunicará a todos los contribuyentes que se acogieron a la declaración tributaria especial de 2012, conocida entonces como amnistía fiscal, que los posibles delitos de naturaleza tributaria en los que hubieren incurrido no prescriben el 30 de noviembre próximo, como cabe esperar de una aplicación natural del calendario. En aquella operación, Hacienda regularizó la situación de quienes habían ocultado bases imponible a cambio de abonar un 3%. Pero Ciudadanos, que ha firmado un pacto para investir a Rajoy, quiere mantener abierta la cuestión para reclamar el pago de hasta el 10% de lo aflorado en la citada declaración especial. Tal petición no parece ajustada a derecho, tal como entienden los asesores fiscales, desde el punto de vista de que la norma establecía una liberación de ulteriores pagos por la afloración de bases, y la caducidad de responsabilidades debe ser la misma que para el resto de los contribuyentes. Otra cuestión, tras la que puede estar la declaración sorpresiva de Montoro, es si la administración tributaria en su labor inspectora, con la información aportada por los contribuyentes que acudieron a la amnistía, detecta irregularidades adicionales que pudieran constituir un presunto delito fiscal y cuya corrección pueda ser reclamada.

 

 

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