Editorial

Un modelo en el que prime la independencia

El Ministerio de Presidencia ha elaborado un borrador de proyecto de ley que segregará la actual CNMC en dos organismos independientes

Sede de la CNMC en la madrileña calle de Alcalá.
Sede de la CNMC en la madrileña calle de Alcalá.

La reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que prepara el Gobierno supondrá el desmantelamiento de un organismo cuya andadura ha durado apenas tres años y ha estado sembrada de confrontaciones y dificultades. El Ministerio de Presidencia ha elaborado un borrador de proyecto de ley que segregará la actual CNMC –resultado de la fusión de los antiguos reguladores, principalmente de la energía (CNE) y las telecos (CMT), y la autoridad de la competencia (CNC)– en dos organismos independientes: uno de supervisión de los mercados y otro de competencia. El proyecto nace impulsado principalmente por dos razones, una de naturaleza política y otra jurídica. Por un lado, el texto constituye la respuesta del Gobierno a los compromisos entre PP y Ciudadanos contenidos en el pacto que suscribieron el pasado mes de agosto, que incluía una reforma en este sentido.

A ello hay que unir una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ha declarado ilegal la suspensión de los mandatos de los consejeros de los organismos que dieron lugar a la CNMC y que responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, el cual se espera que dicte una sentencia en el mismo sentido probablemente en diciembre. Todo ello servirá para solventar también el cisma abierto en el consejo de administración del organismo, que cuenta con diez consejeros, la mayoría de los cuales son del PP, y en el que ha habido sonoros enfrentamientos y diferencias de criterio con el presidente de la sala de Competencia, José María Marín. Pese a que la reforma viene impuesta en cierto modo por el fallo del tribunal de la UE, esos conflictos internos han contribuido a aconsejar la reforma.

No hay duda de que tener que desmantelar un organismo a los tres años de reformarlo constituye la mejor evidencia del fracaso del modelo y de los puntos flacos que lo aquejan. A la necesidad de solventar ese fracaso, y hacerlo además con la presión de una inminente sentencia del Tribunal Supremo, hay que añadir que el modelo vigente en la mayor parte de los países de nuestro entorno pasa por la separación de ambas funciones: supervisora y de competencia. Adoptar ese esquema reforzará la independencia y permitirá poner coto a las divisiones y confrontaciones que han marcado la actividad del organismo. De momento, Economía ha convocado ya al PSOE para consensuar los cambios. Pese a que se desconocen los detalles, todo apunta a que cada uno de ambos organismos tendría un consejo con siete miembros, lo que permitiría dar entrada a representantes de otros partidos políticos y contribuiría a que el nuevo modelo naciese con mayor respaldo político y legitimidad, lo que supondrá un beneficio para todos.

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