UGT amenaza con huelga si se desobedece al Parlamento
El líder de UGT, Pepe Álvarez, advierte al Gobierno y al resto de grupos, que si incumplen sus programas habrá "movilizaciones en la calle" y no descarta una huelga general
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advierte al Gobierno de que si desobedece al Parlamento “aduciendo artilugios más o menos legales” o “inaplicando” las políticas económicas que salgan de la Cámara Baja se podría acabar convocando una huelga general.
“Necesitamos que el Congreso de los Diputados y el Gobierno tengan cerca el aliento de los ciudadanos”, señala Álvarez en una entrevista con Efe, en la que explica que el mejor momento económico que está viviendo el país debe llegar al bolsillo de los ciudadanos.
Por eso, avisa al Ejecutivo de que no ponga a Europa como “excusa” ni “asfixie” a los españoles cercenando derechos vía recorte de presupuestos.
Álvarez reconoce que a él no le gustaría llegar a una huelga general pero hay unos compromisos adquiridos y advierte a los partidos políticos de que tienen un programa electoral que, si no cumplen, acabará con movilizaciones en la calle.
El responsable de UGT asegura que el sindicato arranca la legislatura con humildad, pero pide a la gente que no actúe “por simpatía o antipatía” con las organizaciones sindicales, sino que piense en sus derechos y pierda la frustración de los últimos cuatro años de que “las huelgas no servían para nada”.
A juicio de Álvarez, también la patronal deberá sentir “el aliento de los cambios” a la hora de sentarse con las organizaciones sindicales para pactar la negociación colectiva de los próximos años.
En dicho acuerdo, además de subidas salariales, UGT aspira a acordar propuestas que más tarde se traduzcan en reformas legislativas que permitan cambiar partes de la reforma laboral.
Álvarez exige una derogación “plena y global” en la que se toquen todos los artículos, aunque sea “uno por uno”.
“Si la derogación de artículos de la reforma laboral puede ser pactada con el Gobierno y la patronal bien, pero, si no, iremos a los grupos parlamentarios que tienen compromisos con nosotros y plantearemos que los reformen”, avisa.
Álvarez desvela que ha tenido conversaciones con dirigentes del PP que le reconocen que no es cuestión de enmendar la reforma, sino de “actualizarla”.
“Las cosas -dice- que para ellos tenían sentido en su momento porque había que dar una respuesta inmediata, ahora mismo tienen efectos perniciosos”.
El principio de derogar es “irrenunciable” para UGT, asegura Álvarez, que también avanza que tiene el apoyo de la Gestora del PSOE, que así se lo ha comunicado.
Para Álvarez, ésta es una legislatura de recuperación de derechos en educación, en salud, en políticas salariales y sociales, como la Iniciativa Legislativa Popular (IPL), presentada junto a CCOO, para la aprobación de una renta mínima a familias sin recursos.
En esta batería de propuestas para la recuperación de derechos y de poder adquisitivo, el líder de UGT también se refiere a la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio plazo y para las generaciones futuras, que esta semana entra a debate en la Comisión del Pacto de Toledo.
“España no necesita aumentar más la edad de jubilación”, asegura Álvarez, que tilda de “estúpido” pensar que se puedan arreglar los problemas del país mientras no se da respuesta al desempleo juvenil, que ronda el 50 %.
“Desde el punto de vista económico tiene poco sentido aumentar la edad de jubilación y no incorporar a nuevas personas a cotizar el sistema”, explica.
Álvarez hace hincapié en que la edad de jubilación no es una cuestión a debate, “a menos que sea para rebajarla”, y plantea otras soluciones para garantizar la sostenibilidad de las pensiones como un impuesto a las grandes fortunas, otro a las nuevas tecnologías que sustituyen mano de obra y la retirada de las bonificaciones a la contratación o tarifas planas que suponen 3.500 millones.
El próximo 24 de noviembre, el responsable de UGT trasladará la mayoría de estas propuestas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la reunión que mantendrá con los interlocutores sociales, con el objeto, dice Álvarez, de iniciar una legislatura de diálogo y recuperación.