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Conferencia de presidentes

Se acerca la guerra de la financiación autonómica: Madrid y Andalucía abren fuego

Madrid y Andalucía protagonizan un episodio de la guerra de la financiación autonómica que se avecina.

El presidente de la Comunidad Autónoma de Melilla,Juan José Imbroda; el de Ceuta, Juan Jesus Vivas; el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; la de Madrid, Cristina Cifuentes; en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados
El presidente de la Comunidad Autónoma de Melilla,Juan José Imbroda; el de Ceuta, Juan Jesus Vivas; el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; la de Madrid, Cristina Cifuentes; en la tribuna de invitados del Congreso de los DiputadosChema Moya (EFE)

Las presidentas de Madrid y Andalucía, Cristina Cifuentes y Susana Díaz, protagonizaron ayer el que podría catalogarse como primer episodio de la guerra de la financiación autonómica que se avecina. El anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy de que convocará próximamente una cumbre de presidentes autonómicos para discutir la reforma del sistema de financiación ha desatado las tensiones, no solo con Cataluña, sino que poco a poco cada Comunidad Autónoma va tomando posiciones. 

Ayer, el primer foco de tensión se produjo entre el Gobierno madrileño y el andaluz. La presidenta de la Comunidad de Madrid considera que la dirigente andaluza manipuló unas palabras de Cifuentes pronunciadas en la Asamblea regional, según las cuales la presidenta madrileña se habría arrogado el pagar la sanidad y la educación andaluzas.

En una nota emitida a los medios, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, denunció “la manipulación, descarada y falaz” que, a su juicio, había realizado el PSOE andaluz de sus palabras en la Asamblea de Madrid diciendo que los madrileños están pagando la sanidad y la educación de los andaluces. “Con nuestra política fiscal hemos recaudado casi 3.000 millones de euros que nos están sirviendo para financiar los servicios básicos en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan, como en Andalucía. Los madrileños están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás”, explicó Cifuentes en el pleno de la Asamblea de Madrid.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acusó a Cifuentes de “mentir” señalando que “algunos se emocionan mucho con banderas y después hacen discursos que van radicalmente en contra de la igualdad y de la unidad de un país”. “El PSOE andaluz trata de pescar en río revuelto. Trata de rentabilizar, de hacer el victimismo al que nos tienen acostumbrados Susana Díaz y el Gobierno andaluz y Ciudadanos se ha apuntado también en Andalucía”, replicó poco después la presidenta madrileña al comprobar el revuelo que había originado su interpelación en la Asamblea. “Yo lo que quiero es denunciar la manipulación descarada y falaz que esta haciendo el PSOE en Andalucía de mis palabras”, continuó la dirigente popular, quien exclamó que “ya está bien de hacer victimismo, de mentir y, sobre todo, ya está bien de querer enfrentar a unas comunidades con las otras”.

La tensión entre Madrid y Andalucíase viene a sumar a otros focos que ha habido en las últimas semanas con la reunión de los presidentes autonómicos en vista. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya ha rechazado acudir a la Conferencia de Presidentes que convocará el presidente Mariano Rajoy para abordar la reforma de la financiación.  

El Govern de Cataluña anunció a mediados de semana que propondrá por carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, celebrar próximamente una reunión en Barcelona, una propuesta a la que la vicepresidenta dijo que asistirá "encantada".

El pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer con 55 votos a favor de PP, PSOE, PAR, Podemos y grupo mixto -CHA e IU- y cinco abstenciones de Ciudadanos una moción por la que el Parlamento se comprometen a crear de forma inmediata una Comisión Especial de Estudiosobre la deuda histórica que el Estado tiene contraída con Aragón. En ella, los grupos trabajarán “sobre cifras detalladas” para “alcanzar acuerdos, a poder ser unánimes, acerca del cálculo estimado al que asciende dicha deuda. Igualmente, se valorarán todas las competencias transferidas “de forma deficiente”, la “insuficiencia” de las partidas presupuestarias del Estado hacia Aragón.

En su toma de posesión como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo dedicó una buena parte de su discurso a la financiación autonómica  y reivindicó un modelo "justo" basado en la "progresividad". Anteriormente, ha advertido que sería "un error" utilizarla para "resolver problemas identitarios".

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha mostrado esta semana “absolutamente de acuerdo” en que el cambio del modelo de financiación autonómico es “un tema a abordar inmediatamente”. Advirtió que la situación de la Comunitat “es un polvorín y no puede continuar así”.

Más allá de la Conferencia que reúne a los presidentes autonómicos, el jefe del Consell ha insistido en que “tiene que empezar a funcionar la comisión de expertos” sobre el modelo de financiación, para que así “en el plazo más breve posible se pueda producir una alternativa que tiene que estar fundamentada en una cuestión técnica”.

Soraya Sáenz de Santamaría, recibió la semana pasada en Moncloa a la portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, para repasar el acuerdo que los nacionalistas canarios suscribieron con el PP para apoyar la investidura de Mariano Rajoy y ver cómo se concreta. Según han reconocido a Europa Press en fuentes de Moncloa, ambas estuvieron conversando sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que centrará la Conferencia de Presidentes.

 

En todas menos en cinco, recordó Cifuentes, quien matizó que Navarra, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid son las cinco que contribuyen a este fondo. Lo que aportan va a financiar “los servicios públicos en el resto de comunidades y nos alegramos de que sea así porque España es una nación y el dinero no es de nadie”, aseguró Cifuentes, quien resaltó que las comunidades con mejores posibilidades tienen que “ayudar y aportar a la solidaridad de aquellas que tienen menos o están peor gestionadas”. La presidenta madrileña volvió a reclamar un sistema más justo para todas las regiones.

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