Editorial

Garantizar el mañana de las pensiones

España es hoy el único país de la OCDE en el que el ahorro para la jubilación depende casi en exclusiva de la pensión pública

Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco.
Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco.

El precario futuro que afronta el sistema público de pensiones, a falta de una profunda reforma que asegure su sostenibilidad, es uno de los grandes y más urgentes retos que tiene ante sí la economía española. Los partidos políticos están de acuerdo en recuperar el Pacto de Toledo como marco en el que consensuar esa reforma, dado que el fondo de reserva de la Seguridad Social comienza a mostrar signos de agotamiento. Pero si existe consenso sobre la necesidad de adoptar medidas –las cifras hablan por sí solas– no sucede lo mismo con el modelo o la fórmula más apropiada para llevar a cabo esa reforma. Buena parte de las soluciones que se plantean pasan por aumentar los ingresos de la Seguridad Social a través de fórmulas que mejoren su financiación, pero también hay cada vez más voces que abogan por reforzar y complementar el modelo público actual con un sistema privado semiobligatorio. Así se ha llevado a cabo en otros países europeos, como es el caso de Reino Unido.

Como se explicaba ayer en unas jornadas organizadas por Ibercaja y CincoDías para analizar este problema, España es hoy el único país de la OCDE en el que el ahorro para la jubilación depende casi en exclusiva de la pensión pública. Las previsiones apuntan a que el gasto público en este ámbito crecerá un 40% hasta 2050, debido en buena parte al veloz envejecimiento demográfico que sufre el país, lo que recortará drásticamente el montante de las prestaciones y hará insostenible, si no se remedia, el mantenimiento del sistema. Un problema agravado por la diferencia que existe en cuanto al ahorro privado destinado a la jubilación entre España –donde supone menos del 2%– y Dinamarca, Holanda o Reino Unido, donde ese porcentaje supera el 10%.

En Europa se han abordado diversas reformas en los sistemas de pensiones que han optado por un modelo mixto público-privado. Es el caso de los británicos, cuya fórmula incluye la obligación de las empresas de ofrecer un plan privado de pensiones a los trabajadores con mayor salario, que estos pueden aceptar o rechazar. Alemania, por su parte, impone a compañías y trabajadores el deber de destinar un 4% de la cotización a un fondo privado, aunque el Estado subvenciona esa aportación en buena parte.

No son las únicas fórmulas posibles, pero sí soluciones que convendría estudiar con atención a la hora de diseñar una reforma que debe aspirar no solo a ser sostenible, sino también a tener vocación de perdurabilidad. Sea cual sea el modelo que se adopte en España y los cambios que ello suponga para el actual sistema, la prioridad en materia de pensiones debe ser garantizar a los ciudadanos que el esfuerzo financiero de hoy asegurará la tranquilidad de mañana.

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