Editorial

Un alza de impuestos difícil de evitar

Primera reunión del nuevo Gobierno.
Primera reunión del nuevo Gobierno. Getty Images

La tarea más urgente que aguarda al nuevo Gobierno nada más aterrizar en Moncloa es cumplir los compromisos de ajuste fiscal con Bruselas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha tenido que ponerse manos a la obra para diseñar un plan de reducción del déficit público que permita dar respuesta a las nuevas exigencias de la Comisión Europea. En un escenario en el que las previsiones coinciden, prácticamente con unanimidad, en una desaceleración de la economía en 2017, es muy difícil cuadrar los números exigidos por Bruselas. El empeoramiento del clima económico el año que viene puede poner en serias dificultades a España para cumplir con un objetivo de ajuste que en 2016 es de un 4,6% del PIB, pero que en 2017 será del 3,1%. Para asumir ese compromiso, el Gobierno deberá realizar un ajuste adicional de 5.000 millones respecto al previsto en el Plan Presupuestario de 2017 que Rajoy llevó en octubre a la Comisión Europea. Y solo hay dos vías para hacerlo: recortar gastos o aumentar los ingresos, o en todo caso combinar ambas opciones. Dado el reparto de fuerzas electorales con el que se desarrollará la nueva legislatura y la impopularidad social que traería consigo un recorte adicional del gasto público, parece inevitable que el Gobierno aborde una solución que pase por elevar la presión en algunos impuestos.

Esa es la opción en la que está trabajando el Ejecutivo, que tiene ante sí la dificultad de elaborar un recorte impositivo que no toque las rentas del trabajo y que retoque tributos que no provoquen un choque frontal con la oposición parlamentaria. Los planes del equipo de Rajoy incluyen, por un lado, una reforma del impuesto sobre sociedades que no contempla elevar el tipo nominal del 25%, pero sí limpiar la maraña de deducciones fiscales que permiten actualmente optimizar la factura tributaria, especialmente la de los grandes grupos empresariales. En ese camino, Rajoy podría lograr el beneplácito de Ciudadanos y PSOE, que defienden un endurecimiento de las condiciones de tributación para las compañías de mayor tamaño. Además de esa reforma, el Gobierno estudia elevar impuestos especiales, como el de hidrocarburos, tabaco y alcohol, donde en algunos casos existe cierto margen de maniobra respecto a la media europea.

Si el aumento de impuestos parece una medida difícil de evitar en la coyuntura actual, tampoco puede olvidarse que existen áreas de gasto público ineficiente que es necesario abordar. Más allá de los apoyos parlamentarios que obtengan ambas opciones, hay un objetivo que España no puede permitirse eludir: cumplir con los criterios de ajuste fiscal exigidos por Bruselas y aspirar a mantener los costes de financiación de nuestra economía en términos si no óptimos, al menos sostenibles.

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