Sin tiempo para la cortesía
Mariano Rajoy ha dado pocas sorpresas a la hora de presentar su nuevo Ejecutivo. Fiel a un estilo propio que a lo largo de los años se ha mostrado poco amigo de las grandes novedades, el nuevo Gobierno nace bajo el signo de la continuidad. Una continuidad que debe leerse en un doble sentido. Primero, supone el reconocimiento del trabajo realizado en su primera legislatura. Es decir, un espaldarazo tanto a las personas como a las políticas realizadas. Segundo, la composición del Gobierno transmite una renuncia a cualquier tipo de cambio radical y un espíritu de clara continuidad en las formas y objetivos.
En el capítulo de bajas destacan las salidas de Jorge Fernández Díaz, José Manuel García-Margallo y Manuel Morenés y la incorporación a Interior, Exteriores y Defensa de Juan Ignacio Zoido, Alfonso Dastis y María Dolores de Cospedal. A su vez, Soraya Sáenz de Santamaría aumentará su poder en el Gobierno al hacerse cargo de la cartera de Administraciones Públicas, aunque dejará su papel de Portavoz del Gobierno a Íñigo Méndez de Vigo.
Lo importante, sin embargo, es que tras un año de Gobierno en funciones, los tradicionales cien días de cortesía son un lujo que el nuevo Gabinete de Rajoy no podrá permitirse. El largo compás de espera en el que ha estado sumergida la política española va a forzar al Ejecutivo a tomar decisiones de gran calado desde prácticamente su primer día de andadura y en un contexto extremadamente adverso que demandará respuestas políticas de primer nivel. Probablemente esta urgencia sea la que ha aconsejado a Rajoy no hacer cambios en las carteras económicas. Para empezar, el Ministro de Economía, que continuará siendo Luis de Guindos, tendrá que hilar muy fino para satisfacer el recorte adicional de 5.500 millones de euros exigido desde Bruselas en relación con los objetivos de déficit en 2017, a los que habrá que sumar otros 5.500 millones en 2018.
Tanto si opta por recortes en el gasto público como si impulsa nuevas subidas de impuestos, el impacto sobre los ciudadanos está asegurado, lo que dará alas al ciclo de movilizaciones sociales ya avanzado por el líder de Izquierda Unida durante la ronda de consultas con el Rey.
En semejante escenario, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 se convertirá en un auténtico rompecabezas para el nuevo Gabinete, al tener que negociarlos en un Parlamento inédito en la reciente etapa política. No es solo que el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno carezca de mayoría en la Cámara, sino que tampoco se vislumbran interlocutores fiables que permitan al Ejecutivo sacar adelante sus iniciativas legislativas con una mínima previsibilidad, y menos las que impliquen recortes sociales.
Ciudadanos, fuerza que en principio estaría llamada a ser el principal apoyo de los populares, se cuidará de aparecer como socio estable de Rajoy y se centrará en vigilar el cumplimiento del acuerdo de investidura intentando además condicionar la agenda del Ejecutivo hasta límites aún por determinar. Los socialistas, por su parte, seguirán siendo una incógnita hasta que no aclaren internamente si van a desempeñar un rol institucional proclive a pactos de Estado o terminan deslizándose por la pendiente de la radicalización en la que los diputados de Unidos Podemos se seguirán moviendo con soltura. Así, en una vuelta de tuerca a la “geometría variable” ensayada por José Luis Rodríguez Zapatero entre 2008 y 2011, la cintura política del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, que repite como vicepresidenta y ministra de la Presidencia, será fundamental para ahormar acuerdos legislativos a varias bandas y superar la inercia del “no es no” en la que aún continúa una parte importante del arco parlamentario. Si fracasa en esta tarea cabe esperar una legislatura corta y traumática.
Finalmente, a la agenda económica y de gobernabilidad más inmediata, el Ejecutivo de Rajoy tendrá que añadir otras dos cuestiones de marcado contenido político. En primer lugar, tras meses de inacción, el Gobierno tendrá que decidir la estrategia a seguir en relación con el secesionismo en Cataluña. El anuncio de un referéndum de independencia para septiembre de 2017, hecho por el presidente catalán, obliga a Rajoy a diseñar una hoja de ruta que puede implicar a distintos ministerios en función de la línea de actuación escogida. A primera vista, el relevo en la cartera de Interior de Jorge Fernández Díaz, cuya figura acusaba un evidente desgaste, por Juan Ignacio Zoido podría interpretarse como un intento de favorecer un nuevo diálogo sobre la cuestión catalana.
Por otra parte, parecía que la salida de Joasé Manuel García-Margallo del Ministerio de Asuntos Exteriores podría responder a la necesidad de dar un nuevo impulso a la política exterior española ante un panorama europeo e internacional tremendamente convulso. Sin embargo, en este caso, Rajoy ha vuelto a conjugar novedad y continuidad. Todo parece indicar que la elección de Alfonso Dastis, diplomático y representante permanente de España ante la Unión Europea desde 2011, vuelve a señalar la prioridad absoluta que el presidente otorga a las relaciones con la Unión Europea en su visión estratégica de la política exterior de nuestro país. En definitiva, pocas sorpresas para gestionar un panorama político inédito.
Carlos Rico y Jorge del Palacio son politólogos y profesores de Comillas ICADE