La propuesta del Congreso para revisar la amnistía queda en nada
La proposición de ley que aprobó el Congreso para exigir el 10% a los amnistiados no tendrá efecto El director de la Agencia Tributaria recuerda que no se ha producido ningún cambio normativo
"Hay que mirar al futuro y no estancarse en el pasado”. Así se expresó el viernes el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, al ser preguntado por la propuesta de revisar el proceso de la amnistía fiscal que aprobó el Congreso de los Diputados a instancias de Ciudadanos y con el apoyo parcial del Partido Popular.
Durante un encuentro con periodistas en el marco del congreso anual que la Organización de Inspectores de Hacienda celebra en Gijón, Menéndez no quiso valorar esa propuesta. Se limitó a indicar que la Agencia Tributaria cumple la legislación y que no se ha producido ningún cambio normativo en este sentido.
La proposición no de ley que aprobó el Congreso de los Diputados no es vinculante para la Agencia Tributaria. En concreto, el Parlamento dio el visto bueno a instar al Ejecutivo a tomar medida para que los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 tributen efectivamente al gravamen del 10% por el conjunto de las rentas afloradas. El argumento de fondo es que los amnistiados pagaron menos de lo establecido porque una interpretación de la Dirección General de Tributos estableció que el tipo del 10% solo se aplicaba sobre los ejercicios no prescritos y no sobre el total del patrimonio aflorado. Según los cálculos de Ciudadanos, los amnistiados pagaron en realidad el 3%. El partido naranja asegura que exigir ahora el gravamen del 10% aportaría 2.800 millones adicionales.
Inspecciones sobre los acogidos al perdón fiscal
La declaración de la amnistía fiscal no puede ser objeto de comprobaciones aisladas, una garantía que se especificó durante el proceso aprobado en 2012. Sin embargo, ello no impide que se realicen verificaciones en el contexto de actuaciones inspectores enmarcadas en otras investigaciones. En este sentido, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, señaló que 3.413 contribuyentes que se acogieron a la amnistía han sido objeto de inspecciones que han dado como resultado una deuda instruida de 238 millones, de los que ya se han ingresado 182 millones. Dentro de este colectivo, 2.214 también habían presentado la declaración de bienes en el exterior. En el proceso de la amnistía fiscal, unos 30.000 contribuyentes se acogieron al perdón tributario y abonaron 1.193 millones de euros. El patrimonio aflorado superó los 40.000 millones.
Menéndez señaló que la declaración tributaria especial, como se bautizó eufemísticamente la amnistía fiscal, y la declaración de bienes en el extranjero ha supuesto una fuente de información relevante para la Agencia Tributaria para detectar riesgos fiscales y mejorar en las planificaciones para luchar contra el fraude.
A pesar de la proposición aprobada por el Congreso, en ningún momento Hacienda se planteó seriamente reabrir el proceso de la amnistía fiscal o tumbar el criterio que estableció la Dirección General de Tributos. De hecho, el Partido Popular no apoyó y se abstuvo en los puntos de la proposición de ley que planteaban anual el informe de Tributos y reclamar que se ordene a la Agencia Tributaria iniciar las comprobaciones a los contribuyentes acogidos a la regularización fiscal. Ciudadanos sostiene que el próximo 30 de noviembre prescribe el plazo para revisar las declaraciones de la amnistía. Así, el margen para aprobar un cambio normativo en la dirección de la proposición no de ley es prácticamente nulo.
Menéndez salió al paso de las dudas expresadas por los inspectores de Hacienda, que ayer alertaron que el margen de elevar la recaudación procedente de la lucha contra el fraude, que aportó más de 15.664 millones el año pasado, es escaso. En cambio, el director de la Agencia Tributaria aseguró que hay recorrido. Si bien no adelantó los datos de ingresos, señaló que la recaudación derivada de la lucha contra el fraude “va bien”.
Durante su intervención ante un auditorio formado por inspectores de Hacienda, Menéndez elogió la labor del colectivo. Recordó que, dentro de objetivos ya exigentes, el Gobierno se comprometió con Bruselas a recaudar 1.000 millones adicionales en la lucha contra el fraude en julio ante las deudas que mostró la Comisión Europea sobre el compromiso de España en la reducción del déficit público. El director de la Agencia Tributaria se mostró confiado en alcanzar esa cifra.
Menéndez destacó que la deuda pendiente de cobro de la Agencia Tributaria se ha reducido en los últimos años por medidas normativas como la posibilidad de exigir el pago de impuestos en casos que se dirimen a la vía penal, la derivación de responsabilidad o la inadmisión de los aplazamientos de retenciones. La deuda pendiente se sitúa actualmente por debajo de los 50.000 millones. La Agencia Tributaria no puede actuar sobre la mitad de esa cifra porque es deuda que se encuentra suspendida en los tribunales, en procesos concursales o aplazada.
