Resolución

El juez deja en prisión a Granados porque tiene mucho dinero escondido

El magistrado ha tenido en cuenta también la no colaboración con la investigación y de “apoyo ideologizado” por parte de determinadas personas que incluso han destruido pruebas

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha prorrogado hasta un máximo de otros dos años más la prisión provisional del exconsejero y exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados, que lleva dos años preso como presunto cabecilla de la trama de corrupción del caso Púnica.

El magistrado adopta esta decisión en un auto que ha dictado tras celebrar hoy una vista en la Audiencia Nacional en la que Granados ha pedido la libertad tras dos años preso sin juicio y en la que ha anunciado su intención de prestar una nueva declaración para concretar aspectos de los hechos investigados, mientras que la fiscal ha reclamado la prórroga de la prisión provisional.

El instructor prorroga la prisión de Granados hasta un máximo de otros dos años más, lo que alcanzaría el tope de cuatro años que prevé la ley para mantener a una persona en prisión preventiva.

En su auto incluye todos los indicios recabados en la investigación contra el que fuera alcalde de Valdemoro y secretario general del PP en Madrid como los fondos en metálico localizados en Suiza a su entorno, así como sus bienes incautados y el efectivo en metálico, un millón de euros encontrados ocultos en el interior de un armario de casa de sus suegros.

Según el juez sigue disponiendo “de una manera oculta de una gran cantidad todavía elevada de dinero que esta investigación todavía no ha sido capaz de decomisarle que haría que, en caso de ser puesto en libertad, le permitiría fácilmente sustraerse a la acción de la justicia”.

Para tomar esta decisión el juez ha tenido en cuenta también la no colaboración con la investigación y de “apoyo ideologizado” por parte de determinadas personas que incluso han destruido pruebas, como documentos quemados o triturados en el Ayuntamiento de Valdemoro.

Estima que es una situación que podría todavía aumentarse con Granados en libertad, con una presión más directa y presencial por parte del investigado.

En la vista celebrada hoy Granados ha pedido ser puesto en libertad, ha asegurado que no se fugará y ha alegado razones humanitarias como que tiene madre, hijos y más familia y que lo está pasando muy mal.

Por su parte, la fiscal se ha opuesto y ha pedido al juez que prorrogue la prisión provisional de Granados pata garantizar su presencia en el juicio y evitar que se sustraiga a la acción de la justicia.

A su salida de la Audiencia Nacional el nuevo abogado de Francisco Granados, Carlos García de Ceca, ha anunciado que “dentro de unos días se va a producir la declaración” de su patrocinado.

No ha querido adelantar su contenido y ha insistido: “Dentro de unos días tendréis la oportunidad de ver las circunstancias en las que se mueve y las condiciones que hay respecto de sus problemas”.

“Hoy lo que he hecho ha sido anticipar la noticia de que va a declarar en muy poco tiempo pero nada más, la fecha la tiene que poner el juez pero es oportuno hacerlo ahora para concretar”, ha apostillado.

Preguntado si Granados se encuentra desmejorado ha aclarado que “está haciendo mucho deporte y entonces estará un poco más delgado”.

Por otra parte el instructor ha tomado declaración entre ayer y hoy a investigados de la rama murciana de la red Púnica que en general han negado irregularidades en los contratos por los que se les ha preguntado.

Ayer estaban citados David Conesa, que fue jefe de gabinete del actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cuando éste era consejero de Educación en la región.

Además, Eduardo Contreras, exalcalde de la localidad murciana de Molina de Segura; Marta García Rivas, que trabajó con el anterior; Francisco de Asís Ferreño, exjefe de gabinete de la Alcaldía de Cartagena, y María del Mar Conesa, funcionaria de este ayuntamiento, todos los cuales comparecieron ayer.

Hoy, Adrián de Pedro, hermano de Alejandro de Pedro, considerado el “conseguidor” de contratos para la trama; Esther Gutiérrez, que fue secretaria del exalcalde de Cartagena Jose Antonio Alonso; Francisco Javier Bueno, exdirector de la empresa de De Pedro Madiva, y Sara Gargallo, exempleada de Alejandro De Pedro.

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