Telecomunicaciones

Vodafone cambia su estructura societaria en España

Mantiene separados Vodafone España y la antigua Ono

Crea la filial Vodafone Servicios que ofrecerá los servicios de ambas divisiones

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra.
El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra.

Vodafone España ha anunciado cambios en su estructura societaria para adaptarla a su estrategia de negocio. En términos generales, la operadora ha decidido mantener por separado las sociedades Vodafone España, especializada en servicios móviles, y Vodafone Ono, dedicada a los servicios fijos (corresponde a la antigua Ono).

La empresa decidió paralizar la integración societaria entre ambas sociedades, que estaba prevista para el 1 de junio, a causa del impacto fiscal derivado de la nueva legislación introducida por distintas administraciones locales, entre las que figuraba el ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, ante la citada separación, la operadora ha creado una nueva sociedad denominada Vodafone Servicios, que pondrá a disposición de los clientes los servicios de comunicaciones prestados por la antigua Ono y Vodafone España. La empresa ha explicado que Vodafone Servicios se encargará, entre otras tareas, de la facturación, el cobro y algunas actividades de soporte a los clientes.

De igual forma, la empresa ha decidido fusionar Tenaria, de la que adquirió el pasado año el 7% del capital que no poseía, con Vodafone Ono.

Según Vodafone, la nueva estructura simplificará la relación con el cliente en un entorno convergente y no supondrá modificación alguna en las condiciones de los servicios que tienen contratados, ni en sus precios y tarifas. De igual forma, esta nueva organización tampoco alterará las condiciones laborales de los profesionales que se incorporen a Vodafone Servicios o los que se muevan entre Tenaria y Vodafone Ono.

Entre los objetivos de los cambios figura la adaptación de la estructura al creciente peso del negocio convergente de Vodafone en España, la potenciación de las distintas capacidades del grupo de empresas y evitar la alteración de las condiciones laborales de los empleados de Vodafone en España.

Alto coste fiscal

La paralización vino tras una sentencia del Supremo en la que se daba la razón al Ayuntamiento de Madrid un litigio en torno al cobro de una tasa a los operadores por el uso del dominio público de sus infraestructuras de telefonía fija que se utiliza para dar los servicios de telefonía móvil.

Con la anterior normativa laboral, Vodafone tenía que pagar entre cinco y seis millones de euros al ayuntamiento de Madrid, pero con el nuevo escenario, la factura fiscal se multiplicaba por diez, y de extrapolarse al conjunto de España, el coste de la tasa ascendía a “varios cientos de millones”. La empresa tiene recurrida la sentencia ante las distintas instancias judiciales, incluidos los tribunales europeos.

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