Editorial

Salarios, pensiones y costes

Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

Las propuestas de los sindicatos y la patronal para las recomendaciones salariales de 2017 están ya sobre la mesa y hacen prever una negociación tensa y difícil. Los empresarios lanzaron ayer una firme advertencia a UGT –que defiende una subida del 4%– y dejaron claro que no admitirán bajo ningún concepto un incremento de ese calibre. Patronal y agentes sociales se sentarán el próximo 20 de octubre en la comisión de seguimiento del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en el que debatirán sobre cuales serán las recomendaciones para las subidas salariales del próximo ejercicio. Frente a la citada propuesta del 4% de UGT y la bastante más moderada de CC OO, de un 2%, la patronal defiende un alza del 1%. Y aunque los empresarios aseguran estar dispuestos a valorar una cifra “razonable”, es evidente que esta en ningún caso puede pasar por una subida que elevaría los salarios de forma desproporcionada y por encima del ritmo de crecimiento.

Los argumentos de la patronal para poner freno a los agentes sociales en esta materia pasan por recordar que el crecimiento real de los salarios en los últimos seis años puede cifrarse en un 6%, si se suman las subidas salariales y la inflación negativa. Las empresas señalan también que las 5.000 mesas de negociación colectiva en las que empresarios y sindicatos discuten la evolución de los salarios están pactando incrementos menores a los recomendados por ambas cúpulas. Pero más allá de esas razones, hay un argumento indiscutible para defender la moderación salarial: el crecimiento y la mejora de la competitividad que ha vivido España en los últimos años. Una ecuación en la que la rebaja de costes empresariales ha tenido un papel fundamental.

De forma paralela al debate por los salarios, el sector financiero proponía ayer obligar a que todas las empresas ofrezcan a sus plantillas un plan de pensiones privado, que cada empleado pueda libremente aceptar o rechazar. La idea defendida por banca y aseguradoras supone emular el modelo británico –que aplicará esta fórmula a partir del año que viene– y asegurar así el futuro del sistema público de pensiones, que tiene un grave problema de sostenibilidad. Más allá de lo discutible que resulta la imposición de una obligación de esa naturaleza a las empresas, parece evidente que el tejido empresarial español necesita mantener unos costes competitivos y no incrementarlos. La patronal reclamaba ayer una rebaja de las cotizaciones sociales –bastante más elevadas en España que en el resto de Europa– como fórmula para poder subir más los salarios, tal y como reclama el presidente del BCE, Mario Draghi. Porque en materia de costes, como en tantas otras decisiones estratégicas, no se puede tener todo y hay que elegir una carta.

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