Barcelona reabre el debate de los impuestos al turismo
Cataluña fue pionera a la hora de aplicar en noviembre de 2012 una tasa a las pernoctaciones turísticas. Ahogada por el déficit y la deuda, la comunidad autónoma priorizó el saneamiento de las cuentas públicas frente al perjuicio que podía causar a uno de los sectores más importantes en creación de actividad y empleo. Canarias quiso hacerlo antes y lo descartó por el temor a perder viajeros. En mayo de 2012, el Ejecutivo canario sopesó esa posibilidad ante la exigencia del Plan Económico Financiero exigido por Hacienda para rebajar el exceso de déficit. Los técnicos autonómicos calcularon que la implantación de ese recargo supondría un coste adicional de 22 euros por viajero y finalmente se optó por incrementar los tipos del Impuesto General Indirecto Canarios (IGIC).
El consistorio presidido por Ada Colau recauda 64 millones, pero tan solo ha recibido 21
La apuesta le salió bien a Cataluña, que no dejó de ganar visitantes desde esa fecha. Entre noviembre de 2012 y diciembre de 2015 pasó de 14,4 a 17,4 millones en ese período y todo apunta a que este año podría superar los 18 millones. La inyección en las arcas autonómicas ha sido de 126 millones. La coyuntura ha jugado a su favor. En ese período, los atentados en Túnez y Egipto, en primera instancia, y posteriormente en Turquía o París, han provocado un trasvase de viajeros desde esos destinos a otros países, del que España ha sido la gran beneficiaria. De los 57,4 millones de 2012 se pasó a 60,7 en 2013, a 64,9 en 2014 y a 68,1 en 2015.
El ejemplo ha cundido y ya hay otra autonomía que se ha aventurado a ponerla en marcha. Desde el pasado 1 de julio, los visitantes que optan por Baleares como destino tienen que pagar un recargo que oscila entre los dos euros para los hoteles de cinco estrellas y medio euro para los hostales. Los viajeros de cruceros también la abonan y hay descuentos para las estancias en temporada baja y para aquellos que hagan más de siete pernoctaciones seguidas. Las previsiones de recaudación son más elevadas que en Cataluña y llegan hasta 70 millones al año.
E incluso hay un gran municipio, como Barcelona, que ya ha avanzado que estudia la aplicación de una tasa similar. El pleno municipal, con los votos a favor de CiU, Barcelona en Comú y PSC, las abstenciones de ERC y CUP y el rechazo de Ciudadanos y PP, aprobó una proposición la pasada semana para tratar de ponerla en marcha el 1 de enero de 2017.
70 millones al año prevé ingresar Baleares con una tasa que sí afecta a los cruceristas
El detonante de esta propuesta tiene que ver en que Barcelona solo se queda con el 30% del dinero que se recauda con la tasa autonómica en vigor desde noviembre de 2012. El resto se lo queda la administración autonómica. De los 126 millones recaudados entre noviembre de 2012 y diciembre de 2015, más de la mitad (64 millones) se recaudan en Barcelona, que sin embargo tan solo se lleva algo más de 21 millones.
El rechazo de los hoteleros a esta tasa se refería al hecho de que no gravaba a los pisos turísticos, ya que en muchos casos no están dados de alto en ningún registro. De los 64 millones recaudados, 54 millones (el 85%) procede de los pagos en los hoteles, seguido muy de lejos por los pisos turísticos, con 4,7 millones. Las autoridades municipales persiguen dos objetivos: incrementar el porcentaje del dinero que se lleva Barcelona y cobrar también a los cruceristas, exentos del pago de la tasa. El puerto de la capital catalana es uno de los que más tráfico de pasajeros soporta y solo en un fin de semana de julio o agosto pueden llegar hasta 65.000 cruceristas y el ayuntamiento considera que esos ingresos le vendrían bien para sufragar todos los gastos derivados de la llegada de esos miles de viajeros.
El consistorio presidido por Ada Colau es el primero que se atreve a iniciar el debate sobre gravar el turismo y seguramente no será el único. Sevilla, Valencia o Madrid también lo han sopesado, aunque lo han descartado por distintos motivos. Miembros destacados del Ejecutivo local presidido por Manuela Carmena han expresado en numerosas ocasiones su interés. El presidente canario Fernando Clavijo la ha descartado, pero ha conminado a los cabildos a que la aprueben.