A fondo

Así se frenó la tasa turística en Canarias

Cada visitante debería haber pagado un gravamen de 22 euros para cumplir lo pactado con Hacienda

Los turistas que hayan escogido Canarias para pasar sus vacaciones a partir del 1 de julio no son conscientes de lo cerca que han estado de convertirse en los primeros en España que tendrían que haber pagado una tasa por entrar o salir de un aeropuerto canario. Algo que se hace en la gran mayoría de países de Latinoamérica, como Argentina, México, Cuba, pero que apenas tiene tradición en Europa.

La historia se remonta al pasado 17 de mayo, fecha en la que el Ministerio de Hacienda dio el visto bueno al plan de reequilibrio económico-financiero de Canarias para rebajar el déficit al 1,5% este año (cerró en un 1,78% en 2011). La medida más importante incluida en el documento de 33 páginas remitido a Hacienda es la subida del impuesto general indirecto canario (IGIC, equivalente al IVA del resto del país), con el que se prevé recaudar 118 millones de euros.

Una decisión que generó un profundo malestar entre los empresarios turísticos que, con los viajes de temporada alta ya vendidos, vieron cómo el incremento impositivo, en vigor desde el 1 de julio, tenía que ir directamente contra su cuenta de resultados. Un golpe en la línea de flotación de un conjunto de empresas cuyas rentabilidades y cuyos precios han ido a la baja en los últimos años, pese al incremento de turistas registrado en el último ejercicio.

División empresarial

Y el primer movimiento lo hizo la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), que se ofreció a principios de la semana pasada ante representantes del Ejecutivo autonómico a buscar una alternativa al alza del IGIC. La primera propuesta que lanzó fue la creación de una tasa turística a imagen y semejanza de la que se va a poner en marcha en Cataluña a partir del 1 de noviembre, que gravará las pernoctaciones hoteleras entre uno y tres euros en función de la categoría del hotel.

Sin embargo, esa vía fue descartada por la urgencia que requería su puesta en marcha, ya que la subida del IGIC estaba prevista para el 1 de julio, y por el consenso que requería entre todos los empresarios. Algo que, a tenor de los acontecimientos, ni existe ni parece que vaya a haberlo. Buena prueba de ello es que la patronal de Las Palmas tuvo que convocar una reunión extraordinaria para consensuar posturas entre sus asociados (finalmente se opuso). En el otro lado, las de Fuerteventura y Lanzarote se opusieron desde el primer momento a cualquier tasa por el impacto que eso tendría en un sector que ganó 1,7 millones de visitantes el pasado ejercicio gracias a los conflictos en Túnez y Egipto, que provocaron una cancelación masiva de reservas.

En medio de esa división empresarial, el Ejecutivo autonómico empezó a hacer cálculos sobre lo que debería cobrar para alcanzar los 118 millones fijados en el plan de ajuste. Descartada la tasa por pernoctación, el escenario planteado era cobrar por cada entrada. Entre julio y diciembre de 2011, uno de los mejores años del turismo en Canarias, llegaron 5,2 millones de turistas, por lo que, si se repiten las mismas cifras este año (algo difícil según las cifras de entradas del primer cuatrimestre), cada visitante debería pagar 22 euros.

Conscientes de la mala imagen que podría causar entre los viajeros internacionales y los touroperadores, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), la patronal estatal, y el lobby Exceltur, en el que están representadas las grandes cadenas hoteleras en Canarias, como Meliá, Iberostar, Hesperia o Lopesan, pusieron toda la maquinaria de la negociación en funcionamiento para abortar dicha tasa.

"No se hacen cambios de cromos"

Entre el jueves y el viernes pasados se sucedieron los contactos con las patronales para consensuar una posición y evitar las decisiones unilaterales. "Les pedimos que no cambiaran cromos, porque estaban entrando en una dinámica muy peligrosa", subrayan fuentes empresariales consultadas por este periódico. Finalmente, lograron una posición mayoritaria, que no unánime, con la que acudieron a ver al viceconsejero canario de Turismo, Ricardo Fernández, para solicitarle que abandonara la idea de una tasa turística. Finalmente, según fuentes consultadas por CincoDías, se alcanzó un pacto por el cual no se aplicará ningún gravamen a la entrada o a la pernoctación y a partir del 1 de julio entrarán en vigor los nuevos tipos del IGIC (en el caso de los hoteles el alza es del 5% al 7%), tal y como estaba fijado en el plan presentado a Hacienda.

Esas mismas fuentes creen que, dentro del mal que supone la implantación de una nueva tasa o un nuevo impuesto, es preferible el segundo ya que consideran que ningún Gobierno ha retirado un gravamen, pero sí ha modificado un tributo. El IGIC, al igual que el IVA, está sujeto a modificaciones, que deben ser aprobadas por Bruselas, y los empresarios confían en que ese incremento quede sin efecto en el momento en el que la coyuntura económica mejore. Algo similar piensan en el caso del IVA superreducido, una de las promesas que el PP llevó a la campaña electoral del 20-N (proponía reducir del 7% al 4% el tipo que gravaba las actividades turísticas) y que finalmente abandonó para cumplir con la senda de consolidación fiscal.

De hecho, consideran que la coyuntura actual puede forzar al Ejecutivo a cambiar de opinión en ese asunto. La patronal de los hoteleros ya ha avanzado una caída del 6% para la temporada alta, lo que supondría dos millones de turistas menos entre mayo y septiembre. La rebaja de la fiscalidad y el descenso de precios en Túnez y Egipto, unido a la pujanza de Turquía y Grecia, pueden provocar que este año se pierdan todos los visitantes que se ganaron en 2011.