Editorial

Un talón de Aquiles para España

Un talón de Aquiles para España

Antes de la llegada de la crisis económica, España contaba con un nivel de deuda pública más que razonable –en torno al 40%– y muy lejana todavía del denominado umbral psicológico de este indicador: el 100%. Ocho años después, tras los duros años de invierno que ha vivido la economía española y el elevado endeudamiento asumido durante ese período, el umbral piscológico de la deuda no solo ha sido alcanzado, sino también ha sido ligeramente superado. Con un 100,5% del PIB, España ostenta hoy el nivel más alto de deuda pública en más de un siglo. Aunque el entorno de tipos bajos de interés que se vive en estos momentos en el mercado europeo suavice el peso financiero de ese desajuste, se trata sin duda de un lastre y de un serio punto flaco para la economía española. Más aún en el caso de que Europa vuelva a experimentar turbulencias financieras o de que el BCE cambie su política monetaria y eleve otra vez el precio del dinero.

Los cálculos realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre el reparto del volumen de la deuda entre las comunidades autónomas, así como sobre cuantos días de trabajo debería realizar cada ciudadano para abonar el montante autonómico y total del Estado, sitúa a extremeños, castellanomanchegos, andaluces y murcianos a la cabeza de ese esfuerzo. Todos ellos deberían aportar 450 días de trabajo para saldar la abultada factura que les corresponde gracias al afán de endeudamiento de la Administración central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Seguridad Social.

El volumen de deuda pública de España hace inviable, a día de hoy, el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La norma contempla un porcentaje del 60% del PIB en 2020 para el conjunto de las administraciones –un umbral que podría alcanzarse como muy pronto en 2036– y un 13% para las autonomías, que no llegarían a ese porcentaje hasta 2040. En el extremo opuesto se sitúan las corporaciones locales, que están en condiciones de presentar los deberes hechos respecto a su objetivo –que es del 3%– este mismo año. Mientras las comunidades autónomas se han caracterizado en los últimos años por una casi crónica indisciplina fiscal, los ayuntamientos son, con diferencia, la administración pública más saneada y llevan varios ejercicios acumulando superávits fiscales. Pese a las medidas para reducir el gasto, y recursos como los fondos de financiación del Estado, que han servido para abaratar la financiación de las autonomías, la deuda pública española constituye una amenaza latente para la consolidación de la recuperación y es uno de los talones de Aquiles que tiene España cuando llegue –que llegará– la próxima crisis económica.

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