Infraestructura

Alta presión sobre el juez que ordenó el cierre de las radiales

Fomento intensifica las negociaciones para evitar un rescate de facto de la R-3 y R-5

Se quiere eludir un rescate de facto que activaría una RPA de hasta 677 millones

Autopista radial 3 de Madrid.
Autopista radial 3 de Madrid.

El Gobierno, la banca y todo el sector concesional está pendiente de lo que diga el juez Javier Vaquer, titular del juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid. Él fue quien puso fecha a la primera liquidación de una concesionaria de autopistas en España, Accesos de Madrid (operadora de las carreteras madrileñas R-3 y R-5). Y sobre él recaen ahora las presiones para que aleje el plazo del cierre y que Fomento no se vea obligado a acudir a un rescate forzoso el 1 de octubre. La empresa abocada a la liquidación está participada por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia.

El Ministerio, que dirige en funciones el también ministro de Justicia Rafael Catalá, pide nueve meses para proceder a la nacionalización de ocho concesionarias sin que se active el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). La palanca que desencadenaría una factura de hasta 4.500 millones a cargo del Estado, por la reversión anticipada de las autopistas quebradas –según contempla la Ley de Contratos del Sector Público–, sería la liquidación de cada una de ellas por causas no imputables a las concesionarias. Y es precisamente Accesos de Madrid la que tiene una RPA más elevada, con un máximo de 677 millones al que habría que detraer el grado de amortización de la infraestructura, entre otros conceptos.

Fuentes cercanas a las negociaciones dicen que el juez tiene la mesa inundada de recursos, “de entidad menor”, relacionados con las autopistas en concurso. Su juzgado agrupó los ocho casos de concesionarias quebradas y, tras más de dos años de dilaciones, dio en mayo un ultimátum en firme. A una semana de que Accesos de Madrid se vea obligada a ejecutar el mandato de cierre de la radiales 3 y 5, las negociaciones entre Fomento, los accionistas y acreedores se han acelerado. Las fuentes consultadas aseguran que el juez está involucrado en las mismas en busca de una solución.

Vaquer, forjado en casos de máxima popularidad como el de Afinsa, la inmobiliaria Reyal Urbis o el descenso del Real Murcia por deudas con Hacienda, superó un intentó de Fomento de sacarle del caso antes del verano. La Abogacía del Estado planteó un recurso por conflicto de jurisdicción ante el Supremo. Fomento entiende que la liquidación de un contrato de concesión administrativa debe ser tratado en la vía del contencioso-administrativo, pidiendo al Alto Tribunal que se pronuncie.

El juez Vaquer llevó casos tan populares como el de la liquidación de Afinsa, Reyal Urbis o el Real Murcia

Esta estrategia, según explican fuentes jurídicas, trataba de frenar un auto que no podía ser congelado con recurso ante la Audiencia Provincial. Y es que el fallo de Vaquer admitía réplica en los tribunales, pero fue emitido “sin efectos suspensivos”.

Recta final

El auto utiliza el imperativo ante las concesionarias al ordenar bajar las barreras y entregar las llaves de las autopistas R3 y R-5 a las 0,00 horas del 1 de octubre. Hasta un minuto antes de que Accesos de Madrid deje de operar, la lógica dice que Fomento tomará las riendas para mantener sus dos carreteras operativas. Un rescate de facto que, de no ser acordado con accionistas y acreedores, derivaría en el pago de la RPA. “Es algo inédito; suponemos que los accionistas de Accesos de Madrid entraríamos en negociaciones con Fomento para establecer el valor de la RPA. Si no hay acuerdo, el asunto volvería a estar en sede judicial”, afirman desde el accionariado de la concesionaria. Y es que ni el montante de la citada indemnización está claramente expresado en el contrato.

La situación se complica aún más por cuanto la RPA fue cedida ante los bancos que financiaron la construcción de las dos autopistas radiales como garantía de los créditos.

“Si el juez resuelve que deben quedar en manos del Estado, lo acataremos y haremos todo lo posible para formar parte de una solución equilibrada que garantice el servicio de las vías y los puestos de trabajo, y sea coherente con lo que los jueces decidan”, declaró el lunes Catalá. Pese a ello, las fuentes jurídicas consultadas creen que el Gobierno jugaría la baza de que la liquidación tampoco es imputable a la Administración.

Ocho autopistas y miles de millones en juego

- Las autopistas que esperan el rescate de Fomento son las radiales 2,3, 4 y 5 de Madrid; la M-12 o Eje Aeropuerto de Barajas; la AP-41 entre Madrid y Toledo; la AP-36 que va de Ocaña a La Roda; el tramo Cartagena-Vera de la AP-7, y la circunvalación de Alicante o Ciralsa.

- Los tres problemas que han tiumbado a estas autopistas son un tráfico por debajo de lo esperado, sobrecostes en las expropiaciones (de 388 millones previstos por el Gobierno a 2.250 millones) y también en las obras de construcción, con 1.000 millones en modificados solicitados por el Ministerio de Fomento.

- La oferta de Fomento para la creación de una empresa nacional de autopistas pasaba por una quita del 50% en la deuda, hasta los 2.240 millones, que se cobraría a través de un bono a 30 años con un cupón del 1%. Los accionistas de las concesionarias pierden los 1.760 millones de capital aportado.

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