El Supremo defiende que las eléctricas no paguen el bono social

Las empresas se apoyan en una resolución del Tribunal de la UE que considera discriminatorio el bono social del gas en Francia

El pasado sábado 10 de septiembre, el BOE publicó la orden ministerial por la que se establece el reparto entre empresas del pago del bono social de la tarifa eléctrica para 2016. Tres días después, Endesa presentaba un escrito ante la Audiencia Nacional como paso previo a la tramitación de un recurso contencioso administrativo contra la obligación de financiar el coste del bono (o descuento del 25% de la factura de determinados colectivos) por parte de las sociedades matrices de 25 grupos del sector, mayoritariamente, los cinco grandes de Unesa.

Este año, el bono ascenderá a 188 millones, de los cuales un 41% corresponde a Endesa, ya que el reparto se hace en función de los clientes de las comercializadoras y de los puntos de suministro de las distribuidoras. Le siguen Iberdrola, con casi un 38%; Gas Natural Fenosa, un 14,8%; EDP, un 3,2% y Viesgo, otro 2,2%. El 0,5% restante lo pagan 20 pequeñas empresas verticalmente integradas, esto es que desarrolla a la vez las actividades de producción, distribución y venta de electricidad.

Desde que se fijó el nuevo sistema de financiación en la Ley Eléctrica de diciembre de 2013, las empresas han recurrido todas las órdenes de pago anuales. Pero el recurso más importante, cuyo fallo está en capilla, es el que las compañías del sector presentaron ante el Tribunal Supremo contra el RD de 21 de noviembre de 2014, que fijaba la metodología para calcular dicho reparto.

Distintas fuentes aseguran que el pasado martes 13 la sala del Supremo que juzga el caso, lo tenía todo listo para votar sobre el citado recurso, y que la sentencia sería favorable a las eléctricas, que consideran una discriminación que solo una parte del sector financie la tarifa social. El proceso lo frenaron las propias recurrentes, que decidieron incluir en su expediente una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la UE en la que daba la razón por un caso similar a las gasísticas francesas, obligadas también a financiar la tarifa social del gas. La sentencia del espera ahora para octubre y, de ser favorable, invalidaría todas las órdenes de pago.

Entre 2010 y 2012 estuvo en vigor un mecanismo de financiación, según el cual, el bono lo asumían solo las cinco grandes del sector. Este fue recurrido por Iberdrola ante el Supremo, que lo anuló por considerar que no estaba fundamentado y resultaba discriminatorio. La decisión obligó al Gobierno a cambiar el sistema y endosó el coste de esos años a los consumidores. De repetirse la historia, estos tendrían que pagar casi 200 millones por cada año desde 2013.

Una gran asignatura pendiente

La reforma del bono social de la tarifa es una de las asignaturas que dejó pendientes el Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata de un mecanismo que no está ligado a la renta de los consumidores con derecho al mismo:los que tienen menos de 3 kW de potencia contratada; las familias numerosas;los pensionistas con pensión mínima y las familias con todos los miembros en paro. Además, sobre su financiación pende la espada de Damocles de las eléctricas, que recurren una y otra vez la normativa que les obliga a pagarlo.

Según una propuesta de bono social que Endesa remitió este año al Ministerio de Industria y la CNMC, al no estar ligado a la renta, el actual bono lo reciben familias no precisamente vulnerables (aproximadamente, medio millón), mientras que casi el 80% de los usuarios que sufren pobreza energética (según los datos de los servicios sociales) no tiene bono social. A falta de estadísticas, según extrapola Endesa, este tipo de clientes sumaría 116.600 con una facturación total de 18,9 millones y una medio en los recibos aplazados de 230 euros.

Endesa propuso mantener el bono social para titulares de pensiones mínimas y familias con todos los miembros en paro, pero fijaba límites de renta a las familias numerosas y los usuarios con menos de 3 kW de potencia, que suponen un 75% del total. El coste del bono (que podría ser un descuento del 25% en el precio regulado de la energía (PVPC) o un 60% del término fijo de los peajes, lo que incentivaría el ahorro) deberían financiarlo, según Endesa, el Estado y el resto de consumidores en la tarifa, y no las eléctricas como ocurre ahora.

Un mecanismo muy restrictivo que beneficiaría solo a los muy vulnerables.