El optimismo económico pierde terreno

La economía española crece, aunque la incertidumbre afecta al clima empresarial El Gobierno reconoce una ralentización en el sector industrial y pone sus esperanzas en el turismo

La economía española creció un 0,8% en el segundo trimestre y cerrará el año probablemente con un incremento superior al 3%, sumando el tercer ejercicio consecutivo con mejoras en la actividad. Es difícil calibrar el impacto de la incertidumbre político y los casi doce meses sin Gobierno, sin embargo, algunos indicadores empiezan a reflejar un cambio de tendencia y un mayor pesimismo. Por ejemplo, el indicador de sentimiento económico cayó en agosto hasta su nivel más bajo desde noviembre de 2014.

España va camino de sumar un año con un Gobierno en funciones y con la actividad legislativa prácticamente paralizada desde el pasado 27 de octubre, cuando se disolvieron las Cortes de la X legislatura. Desde esa fecha, se han celebrado dos elecciones generales y las posibilidades de que se convoquen unas terceras aumentaron tras la investidura fallida del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. En este contexto, la economía española no parece, a priori, que haya sufrido excesivamente la ausencia de un Ejecutivo con plenos poderes.

España acumula doce trimestres consecutivos creciendo. Además, el PIB avanzó un 0,8% en el segundo trimestre, por encima de la mayoría de las previsiones. Ello parece dar la razón a quienes señalaron que la paralización política no está afectando a la economía. Aunque es imposible saber qué hubiera sucedido si se hubiera desencallado la situación y España hoy ya tuviera un Ejecutivo en pleno funcionamiento.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su gira para promocionar su libro España amenazada (Deusto), alerta de que la parálisis política está afectando y ralentizando la economía en este tercer trimestre. ¿Hay datos que sustenten tal afirmación? Todavía es pronto para acceder a estadísticas de peso que permitan afinar las estimaciones. Aun así, ciertos datos parecen ir en la misma dirección que el anuncio del ministro de Economía en funciones. El indicador de sentimiento económico en España que elabora la Comisión Europea bajó hasta los 104,5 puntos, su nivel más bajo desde noviembre de 2014. Esta estadística refleja la percepción económica de empresarios y consumidores. La confianza cayó en todos los sectores (industria, servicios, comercio minorista y construcción). Sólo aumentó ligeramente la confianza del consumidor. En el caso de la construcción, el índice de confianza arrojó un saldo negativo de 45,6 puntos, el más bajo de los últimos 26 meses.

Uno de los indicadores más relevantes publicados durante el verano fue el índice de producción industrial, que reflejó un ligero avance del 0,4% en tasa interanual. Supone la peor cifra desde enero de 2015. La cartera de pedidos también empeoró en julio y agosto. El propio Ministerio de Economía indica en un informe que la “actividad en la industria arroja signos de ralentización".

La Airef prevé que la economía crecerá un 0,7% este trimestre, una décima menos que el período anterior

Una de las grandes esperanzas económica se encuentra en el turismo. A la espera de conocer cifras oficiales definitivas, todo indica que la temporada ha sido muy buena por número de turistas, aunque falta por ver si el gasto registró el mismo avance. En julio, llegaron a España más de 9,5 millones de turistas internacionales, un 9,3% más que un año antes. Este ejercicio se superará por primera vez en la historia el umbral de los 70 millones de visitantes y el turismo interior también se recupera en un contexto en que la demanda privada es el principal factor que empuja a la economía.

Los datos del mercado laboral han evolucionado en verano, en términos generales, de forma positiva. El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 84.271 personas en julio, el mejor dato desde 2007. Sin embargo, un mes después, el sistema perdió 144.997 cotizantes, registrando el peor agosto desde 2008. El final de la temporada turística, cuando muchos contratos expiran, explica el retroceso. Aun así, ese mal dato queda mitigado con los datos corregidos de los efectos de calendario.

Guindos, en una entrevista publicada ayer en ABC, señalaba que el parón político está detrás de la caída de la demanda de crédito, lo que refleja una menor inversión. La previsión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para el tercer trimestre apunta a un incremento del PIB del 0,7% en el tercer trimestre, lo que supondría una décima menos que en el período anterior. La estimación se ha realizado con las últimas estadísticas disponibles. Por otra parte, la ralentización de la economía mundial también invita a la cautela.

El informe de BBVA Research sobre la situación de España en el tercer trimestre, que se cerró con datos hasta el 5 de agosto, estimaba que la economía española podría aumentar entre julio y septiembre un 0,9%, lo que supondría una décima más que en el trimestre anterior.

Más allá de las previsiones económicas, el informe de BBVA alerta que “la vulnerabilidad de la economía española aumenta y se vuelve necesario tener certidumbre lo más pronto posible sobre las políticas a implementar durante los próximos años”. La ausencia de Gobierno y, por lo tanto, de Presupuesto, puede ser especialmente dañina para el proceso de consolidación fiscal que debe llevar a cabo España para rebajar su déficit público al 3% del PIB.

El sector público cerró el año pasado con un déficit de 54.965 millones, que equivale al 5,1% del PIB. El Gobierno se comprometió a rebajar esta cifra este año hasta el 3,6% y el 2,9% en 2017. Sin embargo, los datos de ejecución conocidos hasta julio reflejan que los números rojos superarán con creces estos límites. La Comisión Europea abrió la puerta a suavizar los umbrales y estableció un objetivo de déficit del 4,6%, del 3,1% y del 2,2% para 2016, 2017 y 2018. A pesar de este nuevo margen, la ausencia de Gobierno y de medidas para atajar los gastos y reconducir la recaudación tributaria pueden provocar nuevos incumplimientos y la posibilidad de que, esta vez sí, Bruselas sancione a España.

¿Qué ocurre si el presupuesto finalmente se prorroga?

Ingresos y gastos: Prorrogar el presupuesto es, en esencia, y dicho de la forma más sucinta posible, calcar para el año siguiente las mismas cuentas que se han aplicado en 2016. Se prevé acometer el mismo gasto porque se calcula obtener los mismos ingresos. De ahí que el ministro de Economía, Luis de Guindos, advirtiera ayer que si se prorrogan los presupuestos, no se podrá cumplir el déficit de 2017.

Pensiones y funcionarios: Dos de las partidas más sensibles que incluye todo presupuesto estatal que se precie son las relativas al salario de los empleados públicos y la revalorización de las pensiones. Si se prorrogan las cuentas de 2016, ni unos ni otras sufrirían variaciones y conviene recordar que los funcionarios vieron cómo aumentaron sus retribuciones este año un 1%, el primer incremento desde 2010; y cómo los pensionistas recibieron un 0,25% más por sus prestaciones. Así, para poder decretar un alza salarial de los funcionarios o de las pensiones, el Gobierno tendría que aprobar un decreto específico y existen muchas dudas sobre si un Ejecutivo en funciones tiene o no potestad para hacerlo. Por eso, desde Moncloa insisten en la importancia de contar con un presupuesto aprobado a 1 de enero.

Fórmulas jurídicas: Fuentes del Ejecutivo reconocen que como los plazos a estas alturas del ejercicio son muy ajustados, trabajan ya en un escenario en el que si no hay Gobierno en octubre, será harto complicado aprobar el presupuesto antes de final de año. Sin embargo, hay medidas que son urgentes aplicar, como la reforma del pago fraccionado del impuesto sobre sociedades. A este respecto, se están estudiando distintas fórmulas jurídicas que posibiliten que una reforma fiscal de ese calado sí pueda ser aprobada por un Gabinete en funciones. Economía ya explicó la pasada semana que se aprobará en breve mediante real decreto ley para que pueda ser convalidado en el Parlamento y se tramite como proyecto de ley. Se trata de una medida inaplazable para que Hacienda pueda recaudar 6.000 millones de euros adicionales este año y con ello tratar de cumplir con el 4,6% de déficit público previsto para este ejercicio.

Multa de Bruselas: España debe remitir a la Comisión Europea antes del 15 de octubre su plan presupuestario de 2017 con las iniciativas que se van a adoptar para reconducir la senda de déficit a los nuevos objetivos pactados. De lo contrario, podría enfrentarse a una multa de más de 6.000 millones de euros.